Ante la pérdida de competitividad de la industria europea y en especial, en la de nuestro país, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (que representa el 55% del PIB) ha propuesto eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica y otras cuatro medidas para abaratar entre un 10% y un 30% su coste eléctrico, como se ha anunciado en la presentación del informe ‘Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española’ elaborado por EY Consulting.
Dentro de dicha Alianza están representados los nueve principales sectores industriales de España: combustible (AICE), automoción (Anfac), papel (Aspapel), química y farmacia (Feique), alimentación y bebidas (FIAB), cemento (Oficemen), materias primas minerales (Primigea), componentes de automoción (Sernauto) y siderurgia (Unesid). Estos generan 4 millones de empleos -entre directos, indirectos e inducidos- y realizan el 67% de las exportaciones industriales de nuestro país y el 60% de las inversiones en I+D+i. Y todos coinciden en que una electricidad más competitiva es clave para hacer viable la descarbonización de la industria.
Carlos Reinoso, presidente de la citada Alianza que trabaja “para que haya más y mejor industria”, ha señalado que ante la pérdida de competitividad de la industria europea “es necesario tomar medidas para no perder autonomía estratégica y hay que actuar en energía” porque “sin electricidad competitiva no habrá reindustrialización”. Asimismo, ha referido que “sostenibilidad sin competitividad no es una apuesta de futuro” y que en España se da una paradoja porque hay “un enorme potencial renovable pero costes energéticos estructuralmente más altos que el resto de países europeos”. Por ejemplo, ha citado que la industria electrointensiva paga un 267% más que la de Francia y un 136% más que la de Alemania. Además, los servicios de ajuste han subido un 324% desde 2019… e incluyen el coste de la operación reforzada del sistema eléctrico que está en marcha tras el apagón del 28 de abril de 2025, ascendiendo a un total de 24 euros por megavatio hora (MWh) de media.
Por su parte, Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY, ha advertido que en nuestro país la industria afronta cargos e impuestos eléctricos que cuadruplican los de Alemania y Francia, por lo que deben reducirse para aprovechar la ventaja competitiva de la elevada potencia renovable de nuestro país. Claro que también hay que sumar la potencia en energía baja en carbono, lo que incluye la nuclear, y en declaraciones a Hispanidad, ha defendido el mantenimiento de las centrales nucleares, así como la extensión de Almaraz, en línea con la reciente petición del Parlamento Europeo al Gobierno Sánchez, la cual ha llegado después de que la propia Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, solicite evitar el cierre prematuro de nucleares.
El informe de EY cuantifica el problema, identifica medidas, evalúa su impacto económico y analiza su encaje legal y financiero en la sostenibilidad del sistema energético. Entre sus medidas, está la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como el del 7%: se creó en 2012 y ha contribuido para reducir la pesada deuda del déficit de tarifa. Un tributo que Portugal ha quitado el pasado 1 de enero y que el Real Decreto de medidas ante la crisis de la guerra de Irán (anunciado por el Gobierno el pasado 20 de marzo y convalidado después en el Congreso) ha suspendido temporalmente, pero sería positivo que se eliminara de forma total o progresiva. Así habría un ahorro de 3-6 euros/MWh para todos los consumidores, aumentaría el valor de la producción anual en 2.560 millones de euros a partir de 2030 y se crearían más de 3.680 empleos indirectos.
Otra medida que reclama la Alianza es extender la bonificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) al máximo permitido para determinados colectivos industriales. Algo que tendría un impacto sobre el PIB de más de 3.000 millones, en un contexto de demanda creciente. También se pide una reducción del 80% de los peajes para la industria electrointensiva, que elevaría la producción nacional en más de 2.305 millones y generaría más de 3.165 empleos indirectos; así como integrar los costes de las restricciones técnicas en los peajes y que no se sigan trasladando directamente al precio de la energía, lo que ahorraría entre 3 y 7 euros/MWh; y maximizar las compensaciones por CO2 indirecto hasta el 75-80%, y más teniendo en cuenta que la Unión Europea es mucho más estricta con el CO2 que otros mercados.
En su informe, EY ha referido que Von der Leyen ha subrayado la urgencia de garantizar energía asequible como condición esencial para preservar la competitividad, la autonomía y la resiliencia industrial europea, pues su mayor problema son los altos precios energéticos. En esto influye no sólo la dependencia de combustibles fósiles importados, sino también el hecho de que las redes nacionales no están suficientemente interconectadas (aspecto que recientemente ha criticado Miguel Stilwell, consejero delegado de EDP, centrándolo en las de la Península Ibérica) y la excesiva carga fiscal de la electricidad (sus impuestos son 15 veces mayores que los del gas y en promedio, los impuestos suponen el 34% de la factura de la industria y el 42% de la doméstica). Asimismo, subraya que la industria manufacturera española ha retrocedido tanto en peso dentro del PIB (y sigue sin cumplir el objetivo del 20% que se fijó para 2020) como en empleo desde el año 2000: el peso ha pasado del 18% a no superar el 12% en 2024, frente a una media europea superior al 14%; y el empleo ha bajado del 17% a apenas un 10%.
Desde el año 2000, la industria manufacturera española ha retrocedido su peso dentro del PIB (del 18% a no superar el 12% en 2024) y su empleo ha bajado del 17% a apenas un 10%
El católico Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha señalado que el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado por el Gobierno ante la guerra de Irán adopta medidas que van en la dirección correcta, pero “las medidas puntuales o temporales no son suficientes” y deben consolidarse con carácter estructurar para contribuir a reducir los costes energéticos y reforzar la competitividad. El presidente de la patronal ha referido que es clave rebajar los costes energéticos de la industria y no sólo en electricidad, pues más del 50% del consumo de gas es industrial, ocasión que ha aprovechado para criticar que se esté hablando del cierre nuclear y apuntar que hace poco más de un año hubo un apagón. Además, ha recordado el Plan 20-20-20 que tenía la Unión Europea para 2020 y hace unos meses también refirió que en España la industria supone el 16% (incluyendo el sistema eléctrico, y el 11% sin este), lejos del 20% que se fijó como objetivo para 2020.
Carlos Reinoso ha subrayado que reducir los costes energéticos de la industria entre un 10-30% “nos situaría en primera línea para atraer inversión industrial” y ha advertido que “no habrá descarbonización industrial sino conseguimos unos costes competitivos”. Elena Mateos, directora general de AICE, ha puesto de relevancia ante el volátil contexto internacional contar con una industria resiliente “que dote de autonomía a un país”. Y ha aprovechado apra recordar que mientras Europa perdía refinerías y perdía un 20% de su capacidad de refino, España invertía en las suyas y elevaba su producción un 15%. José López-Tafall, director general de Anfac, ha recordado el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en energía verde y que la industria lo ha financiado, adviertiendo que el sector de “la automoción no es electrointensivo, pero está tremendamente expuesto a la competencia mundial y por unos pocos euros podemos perder oportunidades de inversión en España”, y en su opinión, “ahora toca una política energética valiente para ayudar a la industria”.
Desde Aspapel, su director general, Manuel Domínguez, ha afirmado que la energía supone el 35% de sus costes y que compiten con países que tienen costes más asequibles, por lo que “si queremos tener una autonomía y empleos estables, hay que cuidar a la industria con unos costes de energía asequibles”. Juan Antonio Labat, director general de Feique, ha mostrado su preocupación con la medida sobre las compensaciones de CO2 porque aún no hay acuerdo entre el Ministerio y la CNMC para quitar cuanto antes un límite autoimpuesto en España... y más cuando “se han destruido 38 toneladas de producción en los últimos años”. Desde FIAB, Karina Pereira ha señalado que para la industria de alimentación y bebidas los costes energéticos en algunos casos pueden llegar al 40% y no hay que perder de vista que eso afecta a muchas pymes, pero “muchos de nuestros procesos requieren altas temperaturas y consumo estable de energía, lo que dificulta la descarbonización y no se puede hacer a costa de la competitividad”, que también limita la inversión y la capacidad exportadora. Elena Guede, directora general de Oficemen, ha cifrado que están pagando 48 millones más al año por los servicios de ajuste del apagón, 12 millones más del IVPEE y 29 millones por no reducir al 80% los peajes de los consumidores electrointensivos... en total 90 millones más al año en costes energéticos que están afectando a la producción, que “ha pasado de 10 millones de toneladas en 2016 a 4,5M toneladas en 2025”, provocando que España perdiera el liderazgo dentro de la UE.
María Loeck, subdirectora de Primigea, ha destacado que “sin materias críticas no hay transición” y que la “política energética debe incluir neutralidad tecnológica y equidad sectorial con medidas estructurales, estables y permanentes”. El director general de Sernauto, José Portilla, ha señalado que el coste eléctrico ya está influyendo en decisiones del sector de los proveedores de componentes, que suponen el 75% del valor del vehículo, y tiene unos costes donde la energía llega al 18% y que ya opera “con márgenes ajustados y contratos a largo plazo”. En su opinión, “no basta con respuestas coyunturales porque la industria necesita proyección a largo plazo para invertir”. Carola Hermoso, directora general de Unesid, ha subrayado que “la industria siderúrgica es vital, estratégica y crucial porque de ella dependen otros sectores, genera puestos de trabajo de alta calidad y muy estables, y el 70% de su producción se exporta”, por lo que es clave mantener esos niveles y más cuando “España puede ser un líder en fabricación de acero verde”. Por último, Reinoso ha cerrado el evento apostillando que “una energía asequible es igual a política industrial” y que se necesitan medidas “para evitar el abismo que muchos industriales temen que se dé en junio cuando caiga el Real Decreto”, así como estabilidad regulatoria y visibilidad a largo plazo.