Sr. Director:

Además de la crisis diplomática y migratoria con Marruecos, el llamado "caso Gali" amenazaba con una tormenta política y jurídica como secuela de la estancia en España del líder del Polisario, por aparentes razones humanitarias. Como consecuencia del empeño de un juez de Zaragoza por aclarar las circunstancias de la confusa entrada del político saharaui en territorio español, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha visto imputada por haber autorizado el vuelo secreto de un avión argelino que trajo a Brahim Gali a nuestro país. Pero es evidente que cualquier decisión que tome un ministro, sobre todo a sabiendas de que puede vulnerar la legalidad vigente y afectar a un tratado internacional, tiene que contar con la autorización del presidente del Gobierno. No obstante, por las razones que sean, parece que todo eso ha quedado obviado y al caso cerrado.