Según informa Fundación Vida: "La eutanasia es hoy un delito cualificado con una pena poco grave si se compara con otras formas de homicidio.
Esto es debido a que en una decisión muy discutible tomada en 1995 se vinculó con el suicidio. La escasa gravedad de la pena no parece que pueda producir una acción objetora. Si acaso debería "dar paso a una acción cívica a favor de una más correcta proporción de la pena al delito", ha dicho hoy José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, titular de Filosofía del Derecho en la Complutense dentro del simposio que se viene realizando sobre objeción de conciencia.
Así, la objeción de conciencia sobre la eutanasia "se centra en un hipotético futuro", ha precisado José Miguel Serrano.
"La colaboración directa a un acto tan grave desde la perspectiva moral debería producir la resistencia de todos los llamados a participar en él. Incluso en un sistema legalizado, los médicos deberían oponerse a la práctica objetando en razón del fin de su profesión. La eutanasia es antimédica", añade. "Es más, algún optimista pensaría que el sistema español proporcionaría amplio amparo a quien objetase la participación en la eutanasia. Pero no se precisarían muchos médicos para cubrir las eutanasias y siempre podría recurrirse a los sanitarios más implicados".
Para este profesor titular de la Complutense, "quienes han presentado objeciones de conciencia en diversos campos han sido considerados como unos intolerantes enemigos del servicio público. Esto es gravemente injusto. Porque la incorporación de una norma gravemente injusta, que incluye un crimen en el sistema sanitario, pervierte cientos de acciones a las que el sanitario es llamado necesariamente".
Por otra parte, "buena parte del sistema de paliativos o de diagnóstico de enfermedades, de calificación de las calidades de vida, podría quedar subordinado de facto al crimen. Cierto es que junto a la lucha contra la norma injusta debemos distinguir entre la colaboración directa al mal, a la que hay que resistirse, y la utilización de nuestra actividad en un contexto criminal pero en el que no colaboramos directamente", ha añadido.
"La clasificación de hombres y mujeres en personas o no, según sus condiciones vitales, es un atentado gravísimo no sólo a la conciencia del llamado a colaborar en la práctica, sino incluso al Estado y al Derecho".
Fundación Vida
