El Gobierno no ha querido emitir una opinión sobre el encaje del tratado constitucional de la Unión Europea en la Carta Magna española. Así lo ha anunciado oficialmente la ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, quien, sin embargo, se manifestaba en privado ser partidaria de pequeños ajustes en el artículo 93.
Tampoco emitirá su informe el Congreso ni el Senado. El objetivo es agilizar el proceso para que el Tribunal Constitucional pueda emitir su informe "de manera sosegada, pero lo antes posible, sin esperar alegaciones". La estrategia procesal forma parte de las "prisas" del Ejecutivo ZP para que el referéndum constitucional ratifique el texto del Tratado de manera abrumadora y sirva de elemento pedagógico a otras naciones donde el debate es más intenso, como en Francia. Dentro de esta estrategia se enmarca también la política de gestos. El Gobierno aparecerá públicamente con un pin de la bandera europea en la solapa hasta el próximo 20 de febrero.
La Constitución es uno de los puntos fuertes. Pero la negociación sobre las perspectivas financieras lo es aún más. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, denunciaba esta semana que España sería el país que mayor esfuerzo haría para "digerir" la entrada de los nuevos miembros. El gallego pedía al Gobierno que solicitase un periodo transitorio para mantener los fondos de cohesión durante un tiempo. De la Vega no ha querido responder a Hispanidad.com sobre si asume el criterio de Rajoy, pero sí ha afirmado que necesitarán "más tiempo" en la negociación.
O sea, que el camino no va bien, porque si la propuesta fuese satisfactoria, la propia vicepresidenta del Gobierno reconoce que se firmarían inmediatamente. Exigir tiempo, es dejar margen para la mejora. Y eso a pesar de que la vicepresidenta realice brindis al sol sobre la necesidad de ser solidarios con los países entrantes y que "está segura de que todo se va a resolver de manera razonable".
