- El presidente ha explicado en el Congreso sus medidas anticorrupción, que no incluyen la limitación de mandatos a 8 años.
- Promete que será obligatorio presentar un certificado tributario para acceder a un cargo público. Se incluirá la financiación ilegal de los partidos en el Código penal como un delito específico.
- Se agravarán las penas de inhabilitación y aumentarán los plazos de prescripción.
- Anuncia la convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales y la dotación de recursos para el impulso de las nuevas tecnologías.
- Se harán públicas las donaciones de particulares que superen los 50.000 euros y las superiores a 25.000 se notificarán al Tribunal de Cuentas con identificación del donante.
- Medidas de funcionamiento de los partidos: que los estatutos obliguen a renovar sus órganos cada cuatro años o un defensor de los militantes.
Pero, ¿qué es lo que propone el Gobierno para luchar contra la corrupción
Veamos. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy (en la imagen), ha anunciado que en la prevista reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal se fijará un plazo máximo de instrucción en los macroprocesos, y se garantizará la devolución de los bienes por parte del delincuente, es decir, una rápida devolución de lo robado y agilidad en las causas de corrupción.
Asimismo, el Gobierno propone que la financiación ilegal sea incluida en el Código Penal: ha
confirmado que "por primera vez en democracia" se incluirá la financiación ilegal de los partidos como un delito específico.
Además, ha garantizado que se agravarán las penas de inhabilitación y que, para mejorar la respuesta contra la corrupción, aumentarán los plazos de prescripción.
Igualmente, el presidente propone que haya más jueces y fiscales, para lo que ha anunciado la convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 o la dotación de recursos para el impulso de las nuevas tecnologías, una medida esta última que ha avanzado que aprobará este mismo viernes el Consejo de Ministros.
Ha incluido también la exigencia de un certificado de que está al corriente de pago de impuestos, es decir, lo que ya se exige para cualquiera que contrate con la Administración.
En la ley de partidos ha prometido "más control y fiscalización". Lo hará proponiendo que se prohíban las donaciones de personas jurídicas, que los bancos no puedan condonar deudas de los bancos, ni créditos por debajo de mercado, además de la obligación de presentar las cuentas con más control del Tribunal de Cuentas.
Se harán públicas las donaciones de particulares que superen los 50.000 euros y las superiores a 25.000 se notifiquen al Tribunal de Cuentas con identificación del donante.
Rajoy ha anunciado también que incluirá medidas de funcionamiento de los partidos como que los estatutos obliguen a renovar sus órganos cada cuatro años, formas de participación o un defensor de los militantes. Y un procedimiento de expulsión para condenados por delito doloso y suspensión de militancia por juicio oral por delito doloso por corrupción.
Respecto al estatuto del alto cargo, se exigirá que no tengan antecedentes penales por determinados delitos. Ha reiterado la limitación de gastos de representación que ya estaba en el proyecto y de refuerzo de incompatibilidades, con informe al Congreso cada seis meses.
Rajoy ha reiterado la propuesta de reforma del indulto, con concreción en que se remita al Congreso un informe cada seis meses, con comparecencia del ministro para dar cuenta de los denegados y concedidos.
Pero no ha dicho nada sobre la limitación de mandatos a 8 años, medida imprescindible para la regeneración democrática.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha detallado su texto legal alternativo al del Gobierno en el que propone que todos los partidos celebren primarias para elegir a sus líderes, "la descolonización" de los órganos constitucionales por parte de los partidos políticos y medidas más duras para la prevención y el combate de la corrupción, como la ampliación de las incompatibilidades y de los plazos de prescripción de estos delitos.
Pero lo mismo: nada sobre la limitación de mandatos a 8 años, medida imprescindible para la regeneración democrática.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
