El proyecto de ley de la Generalitat catalana por el que el Gobierno autónomo se arroga la posibilidad de expropiar pisos vacíos es un atentado contra la propiedad privada, una medida difícil de cumplir, sin efectos para paliar la necesidad de viviendas y con muchas lagunas: pro ejemplo, el coste de la expropiación.
Por si fuera poco, la ley muy progresista norma tamben perseguirá a los propietarios que hagan mobbing inmobiliario, es decir, que acosen a sus inquilinos para que se marchen. La verdad es que mucho tiene que acosar el propietario para que el inquilino pierda el pulso. La normativa está a favor del segundo y en contra del primero, y ese miedo a que el bicho no se largue es, precisamente, lo que provoca que muchos propietarios prefieran un piso vacío a otro mal alquilado. No ganará dinero pero se ahorran disgustos.
Y aún hay otra cuestión del mismo y disparatado proyecto del Tripartito, que ha pasado más inadvertida. La ley asegura que también se luchará contra las viviendas-patera, con el establecimiento de un espacio mínimo vial. Como tantas propuestas de la progresía, ésta parte de la curiosa premisa de que la gente es tonta, un poco masoquista, y que necesita ser ayudada por los políticos, cuando lo cierto es que lo único que busca todo individuo con sentido común es que los políticos le dejen en paz. Nadie vive hacinado por gusto, salvo los locos, y aún así tengo mis dudas. Por tanto, si no se quieren viviendas hacinadas lo que habrá que hacer es poner viviendas de alquiler a precios asequibles para todas las rentas.
Es decir, atajar las causas, que no los efectos, y olvidarse de ese odioso paternalismo progre que no da pan y quita libertad.
Eulogio López
