Se les exige un seguimiento post-intervención
Ya informamos de que el decreto que regularía la confidencialidad de las mujeres que han abortado sería inmediato. Voilá. El Consejo de Ministros lo ha aprobado este viernes. La novedad fundamental es que la ficha sanitaria se dividirá en dos, de manera que la frustrada madre disponga de un código y su confidencialidad quede garantizada. De esta manera se pretende salvar que un juez llame a todas las mujeres de manera indiscriminada y que para el reintegro tenga que acudir con todo su expediente. Dicho código sólo será facilitado por petición judicial.
La patronal de centros de aborto, ACAI, señala que el nuevo decreto no aporta nada porque ellos no facilitaban ninguna información si no es bajo supervisión judicial. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se compromete a reunirse con ellos y la propia vicepresidenta señala que el real decreto es "mejorable". ¿Quién tiene la iniciativa legislativa en España?
La oposición de los abortorios se debe fundamentalmente a que el decreto regula las exigencias para ofrecer el ‘servicio' con calidad. Por ejemplo, se establece como requisitos la consulta toco-ginecológica, la analítica, las pruebas ecográficas pre y post intervención, la capacidad de monitorización cardíaca y el seguimiento post-intervención. Muchos de estos servicios no se prestaban por lo que al estar obligados se les hará más costoso el servicio. Este es el origen de la revuelta de los aborteros. Pero no pasa nada: esto lo arregla la ‘vice'.
