Sebastián anunció este lunes incentivos económicos para los ayuntamientos que colaboren con el plan Avanza II

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunciaba este lunes su intención de primar económicamente a los ayuntamientos que colaboren con el Gobierno en la realización del Plan Avanza II. El plan incluye el despliegue de red de telefonía móvil, pero también el cableado. Se trata de la primera vez que desde el Gobierno se lanza un mensaje de este estilo que implica implícitamente el reconocimiento de que las antenas son seguras y de que es necesario ampliar la capacidad para responder al incremento de demanda de servicios de telecomunicaciones, especialmente en móvil.

Así que la noticia ha sido recibida con "satisfacción" por parte de la asociación de compañías de telecomunicaciones con redes de móviles (RETEL). "Demuestra una sensibilidad por parte del Gobierno". ¿Será financiación directa o mediante incentivos? ¿A cuánto asciende el presupuesto? Sebastián no quiso dar detalles. En primer lugar, porque probablemente no existen todavía. Y en segundo lugar porque si se trata de dinero, será Solbes quien deberá de poner dinero encima de la mesa. Y eso es harina de otro costal.

Pero lo que está claro es que los nuevos servicios públicos y la telefonía móvil 3G con sus servicios de TV por móvil requieren más despliegue de red. En RETEL calculan que será necesario duplicar las actuales 70.000 antenas en el plazo de 2 ó 3 años. Y se siguen quejando de la ‘selva normativa': más de 900 regulaciones diferentes para el despliegue de red. Por eso piden que el Ministerio no sólo incentive económicamente a los consistorios, sino que impulse alguna reforma que frene de alguna manera esa maraña administrativa.

En el fondo de la cuestión se encuentran las dificultades financieras de los ayuntamientos. Desde principios de año, cerca de 300 ayuntamientos han intentado cobrar una tasa del 1,5% sobre la facturación local de la operadora sobre dos posibles varemos facilitados por la FEMP. Las regulaciones de las tasas han recibido alegaciones por parte de RETEL y han sido recurridas por parte de las operadoras. El modelo era el mismo que el que se aplica en telefonía fija. Sólo que la ley de Haciendas Locales ya señala expresamente que la tasa de telefonía fija no era aplicable a la telefonía móvil.

Ha dado igual: 300 ayuntamientos se han lanzado sobre el pastel con el ánimo de tapar agujeros. ‘Si cuela, cuela'. Y probablemente en el ánimo de Sebastián se encuentre la intención de matar dos pájaros de un tiro: solvento en parte el problema de la financiación local para que no tengan que recurrir a una tasa cuando menos dudosa e impulse el desarrollo de la sociedad de la información. Sin duda este otoño va a ser el otoño de las telecomunicaciones.