El colectivo de abogados libertarios Ronda ha presionado al tripartito catalán para elevar las indemnizaciones. El gobierno autonómico ha tenido que solicitar un crédito extraordinario para hacer frente a las indemnizaciones. Maragall ha redoblado las medidas de seguridad en las obras del metro.
La gestión de la crisis del Carmel ha sido un ejemplo de oscurantismo y caciquismo. Primero se prohibió la entrada de periodistas a la zona, supuestamente para velar por su seguridad. Después se dio certificados de habitabilidad para derogarlos a las horas. Entremedias, los vecinos tuvieron que sufrir el caos de la administración nerviosa y poco transparente. El debate del 3% puso el asunto patas arriba y ralentizó más el proceso.
Aunque uno de los motivos por el que las indemnizaciones han tardado más en otorgarse ha sido la mala gestión del gobierno catalán. Primeramente intentaron mantener un interlocutor único en la persona del presidente de la Asociación de Vecinos del Carmel. Algo inviable, porque el personaje es una persona de reconocida militancia de izquierdas y los vecinos de El Carmelo pueden tener ideología, pero sobre todo, tienen intereses.
Mientras el tripartito buscaba la interlocución única, despreciaba los intentos negociadores de los abogados de las víctimas, unos letrados "anarquistas" libertarios conocidos bajo el nombre de Colectivo Ronda. Se trata de unos abogados brillantes profesionalmente, experimentados en pleitear contra la administración y de corte liberal-anarquista.
Y ocurrió lo esperable. A mayor ninguneo por parte de la administración, mayor presión y exigencia por parte del Comité Ronda. Finalmente ha tocado negociar uno a uno en cantidades muy superiores a la esperada. Y eso ha obligado a tener que realizar un crédito extraordinario para financiar las indemnizaciones de 95 millones de euros.
Además, la Generalitat se ha comprometido a compensar la diferencia entre el precio de venta de un inmueble de El Carmelo y el precio anterior al siniestro si el propietario quisiera vender en un determinado periodo de tiempo. Una medida sensata debido a que el precio de las viviendas se ha visto seriamente deteriorado. Sin embargo, la Generalitat deberá estar atenta para evitar que se produzcan fraudes como consecuencia de este compromiso.
Ahora la Generalitat compensará estos gastos extraordinarios y no presupuestados con los ingresos provenientes de aquellas personas que los procedimientos administrativos y judiciales determinen como causantes de los daños o responsables civiles subsidiarios. Como es obvio que el responsable final de los daños será la administración, ese gasto deberá de asumirse en el fondo de contingencia del ejercicio que corresponda.
La parte positiva de todo este embrollo es que las obras de metro acometidas actualmente en Cataluña se realizan con criterios de seguridad escrupulosos. Lo lamentable es que haya tenido que producirse una desgracia para que la administración catalana invierta en seguridad.
