Tres lustros después de los hechos, se abre el juicio oral donde la acusación popular pide 48 años de prisión para el presidente del SCH. Por la probable defraudación, la Hacienda pública dejó de ingresar 14.132 millones de pesetas (85 millones de euros). El Santander realizó 47.000 operaciones por un valor nominal de 2.500 millones de euros. Curiosamente, el fiscal general del Estado defiende a Botín mientras los fiscales de zona acusan a los clientes del banco, titulares de las cesiones. En caso de condena, ¿dimitiría Emilio Botín? Desde luego, el Banco de España no le forzaría a ello

El presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Fuentes de la Audiencia han comentado a Hispanidad que el juicio oral podrá comenzar en la Sección Primera de la Sala de lo Penal a finales de noviembre. El presidente de la Sala y de la Sección, Gómez Bermúdez, presidirá la vista -el mismo magistrado recusado por Rafael Pérez Escolar en el único juicio contra Botín por las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui-, y las otras dos componentes de la sala son las magistradas Manuela Fernández Prado y Clara Bayarri García.

Un detalle, los tres magistrados enjuiciarán la legalidad de un producto, las cesiones de crédito, realizadas por el Banco Santander en el año 1989, es decir, mas de tres lustros atrás. A pesar de todos los impedimentos de los gobiernos socialistas y populares, incluido el actual, así como del poderoso equipo de abogados de Botín, la jueza Teresa Palacios ha terminado un sumario que le ha costado 13 años de trabajo.

En el banquillo se sentarán Emilio Botín, el actual consejero del SCH, entonces consejero delegado del Santander, Rodrigo Echenique, y los directivos José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavet.

A todos ellos se les acusa de 36 delitos contra la Hacienda pública –sustrato de las cesiones de crédito, productos de suyo positivo pero susceptibles de ser empleados como ocultación de dinero negro, que es de lo que se acusa al Santander-, un delito continuado de falsedad en documento oficial y tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil. En total, la acusación popular, representada por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes pide 48 años de cárcel para Botín y otros tantos para los tres ejecutivos restantes.

Durante los años 88 y 89 el Santander realizó más de 47.000 operaciones de cesiones de crédito, por un importe nominal de 423.000 millones de las antiguas pesetas, más de 2.500 millones de euros. No obstante, la Audiencia prescindió de las cesiones del 88 (más numerosas) para centrarse en las del 89, y dentro de esta en los 36 casos. Estamos hablando de una probable defraudación a la Hacienda pública de 14.132 millones de pesetas, es decir, unos 85 millones de euros.

Lo más curioso es la protección con la que Emilio Botín ha contado tanto de los gobiernos socialistas como de los populares. Desde el año 89, y siendo el fisco el perjudicado, tanto el abogado del Estado como la Fiscalía General han pedido el sobreseimiento. Cándido Conde Pumpido, por ejemplo, nada más llegar al cargo, afirmó que la Fiscalía tomaría postura en su momento. La verdad es que ya tenía tomada la decisión desde el primer día, órdenes de arriba, y, "llegado el momento", hizo lo que estaba previsto : inhibirse.

Lo de la Fiscalía es aún peor que lo del abogado del Estado, que sucesivamente han ido recibiendo órdenes de Carlos Solchaga, Rodrigo Rato y Pedro Solbes para proteger a don Emilio. Y decimos que es más grave porque mientras el fiscal general del Estado se inhibe, las fiscalías provinciales y de zona llevan a los titulares de cesiones de crédito ante los juzgados de toda España. De ello debemos deducir que el cliente del Santander es, según la Fiscalía española, culpable de un delito fiscal del que se exonera al banco que se lo posibilitó.

El caso de las cesiones de crédito es, además, mucho más grave que el de las Primas Únicas, entre otras cosas porque La Caixa fue "perdonada" por el Gobierno tras pagar a Hacienda lo que le debía, mientras que el Santander no ha pagado un euro.

Ahora bien, si Botín fuera condenado, ¿dimitiría de su cargo? Durante los primeros años de instrucción, los abogados del Santander hablaban de que un presidente sólo debe dimitir en caso de sentencia firme condenatoria. Así parece deducirse de todos los códigos de buen gobierno habituales y del Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España. Pero no se preocupen, no será el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien presione a don Emilio para que dimita. El Gobierno Zapatero le necesita, entre otras cosas para atacar al presidente del BBVA, Francisco González. En España, Botín es intocable.