Izquierda Unida sufre la mayor crisis de su historia. El "voto útil" ha ido mermando su presencia parlamentaria durante toda la joven democracia española. Pero el 14-M fue la puntilla. Constituyó grupo parlamentario gracias a los votos por correo, porque en el recuento de las mesas se quedó al 4,99% del voto escrutado.

 

El desastre electoral tiene también una traducción presupuestaria. A menos diputados, menos fondos. Y sin fondos, hay que despedir al personal. Y por si fuera poco, la presentación de la candidatura europea contó con el 42% de oposición interna. En resumen, una crisis interna de las que hacen órdago. Tanto como que Francisco Frutos recomendó a Gaspar Llamazares que "hiciera las maletas y se fuera a su casa". Mucho.

 

La única tabla de salvación era una reforma de la Ley Electoral que ponderase menos los territorios y más los votantes. Izquierda Unida lleva años mendigando esta reforma porque pierde miles de votos en el resto de decenas de provincias. Si la circunscripción fuese única como en las elecciones europeas, sus resultados serían sustancialmente mejores. Las únicas perjudicadas serían las candidaturas nacionalistas. Pero nadie quiere tocar el actual status quo. Los nacionalistas, por motivos obvios: tener el voto concentrado les beneficia generosamente. Los socialistas no quieren inflar su competencia por la izquierda y los populares tampoco quieren tener a los comunistas crecidos en el Congreso.

 

Pero, tras el 14-M, las cosas podrían haber sido diferentes. El PSOE era consciente que tenía una deuda de gratitud con IU, que, al fin y al cabo, fue quien movilizó la calle el sábado 13. Los comunistas esperaban que el PSOE les pagase con un guiño en la Ley Electoral. Pero no llegó. Rubalcaba no está dispuesto a suicidarse y la reforma de la Ley Electoral se ha quedado en meros retoques cosméticos sobre la paridad y los debates. Los encuentros de los líderes en la televisión serán obligatorios y las listas deberán de presentar igual número de hombres que de mujeres.

 

O sea, más intervencionismo. Que los candidatos deben ir a la televisión a debatir, resulta obvio desde la óptica de la transparencia. Rajoy se equivocó claramente. Pero incluir el debate en una normativa parece que es ir demasiado lejos. Más obligar a que las listas contemplen la paridad entre hombres y mujeres. ¡Menudo insulto para las mujeres que vayan en las listas sabedoras de que muchas puede que asistan por una mera normativa! Lo que no acabamos de entender es por qué el intervencionismo socialista no establece también cuotas por edades, razas, religiones y niveles educativos. De esta forma, tendríamos unas candidaturas mucho más plurales y representativas de la realidad social. ¿Por qué no elevar la estupidez al infinito?