El vicepresidente económico, Pedro Solbes, siempre se ha mostrado muy reacio a la Ley de Dependencia a la que observa como un poco sin fondo de gasto. Así que considera que los 400 millones de euros que aportará el Estado este 2007 serán suficientes para poner el mecanismo en marcha con criterios de eficiencia. Hay que ir poco a poco, argumenta Solbes, que explica que si se aportara mucho dinero y se gastara ineficientemente, la Dependencia generaría una mala imagen.
En realidad lo que Solbes hace es apretarse el bolsillo. Con 400 euros consigue coordinar los servicios que las CCAA ya están prestando, según reconoce él mismo. Se trata de inversiones de entre 3.000 y 4.000 millones de euros. O sea que con un 10%, la medalla se la apunta el gobierno.
Solbes añade que cuando el sistema alcance velocidad de crucero, el gobierno aportará mucho más. Pero el horizonte es que el coste total del programa se eleve a los 8.000 millones de euros, de los que dos tercios serán financiados a partes iguales entre Estado y CCAA. Es decir, el Estado llegaría a aportar 2.666 millones de euros.
El tercio restante será financiado por los beneficiarios, para que se corresponsabilicen financieramente, señala Solbes. Y para ello, se tendrá en cuenta tanto el nivel de ingresos como el patrimonio. Lo que no vamos a hacer es financiar un programa a un señor que tiene un piso para que luego lo hereden sus hijos, señala a hispanidad.com con claridad meridiana el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. De esta manera, el gobierno pretende poner en marcha la hipoteca inversa, señala Solbes. Un instrumento financiero que permite liquidar el patrimonio sin prescindir de él para financiar las necesidades de nuestros mayores. Un mecanismo de generación de riqueza espectacular a un coste de 400 millones de euros. Un chollo.
