En España, existe una normativa que, afortunadamente, rompe el secreto bancario, por el que los bancos están obligados a denunciar al cliente desconocido que ingresa grandes cantidades de dinero en metálico. Asimismo, deben denunciar el dinero procedente de paraísos fiscales, pero en este segundo tipo la atención es mucho menor.
Además, los bancos y cajas utilizan paraísos fiscales para residenciar emisiones. Y ahí es donde comienza la cruzada del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. El pasado jueves, aprovechado un discurso en el Foro sobre Responsabilidad Social Corporativa de cajas de ahorros, Caruana lanzo la primera andanada directa contra el uso de paraísos fiscales por parte de las entidades. Así, en referencia a la responsabilidad que compete a los consejeros, especialmente a los ejecutivos, de entidades financieras, pidió la elaboración de un código interno que promueva la integridad y la profesionalidad. Un código que debería eliminar de forma estricta las operaciones que pueden poner en peligro el buen gobierno, por ejemplo, las transacciones vinculadas a centros 'off shore'.
Pero, por el momento, el gobierno Zapatero no acompaña. Al parecer, siempre que alguien quiere embridar el tráfico con los paraísos fiscales le ocurre lo mismo que a aquella famosa Comisión del Senado norteamericano en tiempos de Bill Clinton: que cuando empezó a investigar el dinero que los norteamericanos tenían depositado en paraísos fiscales se encontró con más sorpresas de las esperadas y con riesgo serio de una fuga de capitales sin precedentes, por no hablar de una ristra de escándalos.
