Ya se han producido dos reuniones y este mes se producirá la tercera, en la que la ministra de educación, Mercedes Cabrera, espera poder llegar a un acuerdo. Las bases de ese acuerdo, las plantea la ministra en los siguientes términos: respetar el derecho de los padres que quieren que sus hijos estudien religión y los derechos de los padres que no quieren. Y en ese equilibrio según Cabrera- los centros deberían tener una gran capacidad de decisión. Según este criterio, Cabrera debería respetar las decisiones de los centros concertados que decidan introducir la asignatura en el horario lectivo.

Por otra parte, en todo caso, Religión será voluntaria, no calificable, sin sustitutiva, es decir, marginada. Sin embargo, Educación para la Ciudadanía será obligatoria y troncal. Cabrera informa de que el decreto que desarrolle el contenido de la asignatura será definido a finales de año y que en el diseño han participado aquellas asociaciones, instituciones que han mostrado más interés en participar. Falso de toda falsedad, porque las asociaciones reconocidamente católicas han quedado marginadas del proceso de elaboración. Por cierto, que la ministra recuerda que la asignatura se llama Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Por lo demás, la ministra ha señalado no temer el recurso ante el Tribunal Supremo anunciad por Mons. Cañizares. El recurso es un mecanismo accesible a cualquier ciudadano, gracias a Dios. Risas entre el público por la mención religiosa en su discurso laicista. Y es que la esencia española es una esencia cristiana. Le falló el subconsciente a la ministra, que había llamado ciudadano al primado de España con especial mala leche.