La Justicia reclama una Ley integral contra la okupación y denuncia el colapso de los juzgados catalanes

Miles de españoles viven pendientes de la decisión del Gobierno sobre el Real Decreto 11/2020, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19". Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional". Es más, el Real Decreto fue extendido y a día de hoy esta norma sigue en pie. Es decir, que si por ejemplo en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables. En diciembre vuelve a terminarse el plazo de este Decreto, pero el Gobierno podría volver a extenderlo como lleva haciendo desde 2020. 

Gracias a esta norma, los okupas, y sobre todo, los inquiokupas, esos inquilinos que dejan de pagar el alquiler, viven a costa de los propietarios. Mientras, Sánchez dice que la okupación es un bulo, la ministra de Vivienda asegura que es más fácil que te roben el móvil que que te okupen la casa y el titular de Interior promete que no es que bajes a comprar el pan y te okupen la casa.

Este Real Decreto afecta, y mucho, a la Justicia. Pongamos que una familia con inquiokupas decide confiar en el proceso y ponerlo en manos de su abogado, aunque cada vez son más españoles los que no denuncian y van a vías extrajudiciales. El proceso avanza y el juez ve cómo la familia es la legítima propetaria y el inquilino debe pagar o irse porque no se inclumple ningún punto de la Ley de Vivienda. Se pone fecha para el desahucio, y un día antes de que ocurra, los okupas se declaran vulnerables, esto hace que el lanzamiento se paralice automáticamente hasta que servicios sociales determine si verdaderamente son vulnerables o no. 

Esto está provocando el colapso de los Juzgados, tal y como denuncia el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) en una jornada jurídica sobre la nueva legislación de vivienda turística (Ventanilla Única) y la ocupación ilegal de inmuebles.

Nada más y nada menos que 300 juristas y representantes del Poder Judicial han advertido de la urgencia de reformar el marco legal vigente para agilizar la recuperación de viviendas okupadas. Señalan que los españoles con casas en esta situación tardan entre dos y tres años en recuperarla.

Los expertos denunciaron que esta demora vulnera la tutela judicial efectiva y señalaron que las herramientas actuales resultan ineficaces. El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, defendió que el tiempo para recuperar la vivienda desincentiva poner viviendas en alquiler, advirtiendo que las recientes reformas legislativas han creado un desequilibrio en la relación arrendador-arrendatario, que la Ley Orgánica 1/2025 no está ayudando a resolver la problemática de la okupación.

Por tanto, propone la aprobación de una Ley integral sobre pérdida de posesión de vivienda por incumplimiento contractual y ocupación ilegal. Aguilizar los procesos judiciales civiles y penales de recuperación de la posesión. Y ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la necesidad de establecer unos plazos reducidos para acordar el desalojo.

Además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para incluir un artículo 544 sexies, con la finalidad de establecer una medida cautelar que permita la inmediata expulsión por parte de la Sección de Instrucción del Tribunal de instrucción en 72 horas tanto en allanamientos de morada como en usurpación de inmuebles.

La introducción de una cláusula antiokupación en el Código Penal, para tipificar como estafa la llamada “inquiokupación” y permitir el lanzamiento inmediato sin posibilidad de alegar vulnerabilidad. Facultar a la policía para proceder a la expulsión directa en casos flagrantes de ocupación.

Por su parte, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, ha recordado las propuestas legislativas tanto en materia penal y civil formuladas por el ICAB para ayudar a combatir la okupación. En el ámbito penal, se apuesta por contar con una medida cautelar de desalojo inmediato y devolución de la propiedad en un plazo de 48 horas para combatir la ocupación ilegal.