En Hispanidad hemos contado el objetivo del Grupo de Puebla, ese laboratorio ideológico de la izquierda, heredero del Foro de Sao Paulo. Hace tiempo ya referimos su plan para Hispanoamérica: extender el comunismo, el aborto y la ideología de género. El Foro de Sao Paulo es una organización de partidos de izquierda nacida en 1990, impulsada por Lula da Silva y Fidel Castro, tras el fin del comunismo en Europa, debido a la caída del Muro de Berlín y al fracaso de la URSS. En definitiva, su objetivo es teñir de rojo Hispanoamérica.
En julio de 2019, surgió el Grupo de Puebla, un think tank que agrupa a representantes de la izquierda populista y radical y de la llamada ‘izquierda progresista’. Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla están llamados a extender los postulados del Nuevo Orden Mundial (NOM) y a ser el brazo ejecutor de la Agenda Globalista en Iberoamérica, del que tiene que salir el argumentario de la izquierda de nuestro siglo.
El NOM necesita de líderes progresistas para consumar su propósito de multilateralidad, de gobierno global, tiránico y anticristiano, por tanto, si se condena a uno de los suyos "se pierde todo". El asunto es grave y se extiende por toda Iberoamérica: tras la teología de la liberación, llega a Hispanoamérica el marxismo de género e indigenista... que parece peor y que encima no tiene reparos ni en acusar a la justicia. Y sobra decir que el principal enemigo de este nuevo marxismo es el mismo: la Iglesia católica.
En él se reune lo mejor de cada casa. España aporta, por ejemplo, a la exministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno socialcomunista y miembro del PSOE, Pilar Cancela; y la exportavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra. Al igual que juristas como el exjuez Baltasar Garzón o al comunista Enrique Santiago, quienes forman parte del Grupo de Puebla a través del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), una institución acordada por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de julio de 2019 para “combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política”. Y como ‘líder espiritual’ español tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero ahora no somos nosotros, sino el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el que afirma en una entrevista que “estamos viendo un retroceso de democratización en Hispanoamérica, de reautoritarismo”.
El presidente va a más y asegura que le preocupa “la tendencia no de la victoria de gobiernos de derecha sino del restablecimiento de autoritarismos cualquiera que sea su signo político. Me parece que es una vergüenza que en Nicaragua tengamos una dictadura, y es un Gobierno de izquierda”. Y razón no le falta, como denunciamos la pasada semana, en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se han prohibido más de 16.500 procesiones y se han perpetrado 1.010 ataques contra la Iglesia católica.
Y esto lo denuncia precisamente el presidente de Guatemala, objetivo absoluto de la progresía. Recordemos que Biden intentó imponer a Guatemala la ideología de género y educación sexual (corrupción de menores) mientras perpetraba una campaña contra la fiscal general del país.
La preocupación partía de los avisos de los líderes guatemaltecos que denunciaron que el apoyo sin precedentes a las políticas sociales liberales por parte del Congreso guatemalteco, generalmente de tendencia conservadora, se debe a presiones y amenazas directas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es que en el Congreso de Guatelama se están estudiando múltiples proyectos de ley sobre ideología de género y educación sexual integral, algo impensable en un país tradicionalmente conservador.
El guante de Biden lo recogió la ONU, instando a Guatemala a legalizar el aborto: acusándoles de 'embarazo forzoso', algo muy grave, sin duda, por no dejar a una mujer abortar. Lo contó Friday Fax, un comité de expertos en derechos humanos de la ONU informó al Gobierno de Guatemala que sus restrictivas leyes sobre el aborto deben cambiar, demostrando una vez más la injerencia internacional en la soberanía de los países.
La opinión de los expertos pide no solo el aborto legal, sino que también intenta redefinir el término técnico legal "embarazo forzado" para incluir cualquier negación del aborto.