Como ha venido contando Hispanidad, en Brasil, desde la llegada al poder del presidente ultraizquierdista, Lula da Silva, su única obsesión fue vengarse del anterior presidente, Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo brasileño a 27 años de cárcel y fue inhabilitado por un presunto intento de golpe de Estado. 

En esa condena tuvo un papel destacado el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. 

Este mismo juez, De Moraes, fue uno de los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo brasileño que condenó a un hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, a cuatro años y dos meses de cárcel, que suponen su inhabilitación política durante ocho años. La condena fue unánime. El delito que se le atribuye a Eduardo Bolsonaro es el de coacciones a la justicia -"coacción en el curso del proceso"-, porque se desplazó en 2025 a EEUU para intentar que las autoridades estadounidenses impusiesen sanciones a los jueces brasileños del Supremo que procesaban a su padre, con la intención de evitar su eventual condena. También es acusado de promover sanciones a Brasil.

En ese contexto, el Gobierno estadounidense ha concedido al hijo del expresidente brasileño la residencia permanente o ‘green card’, un documento oficial que le permite residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos. 

A la vez, el mismo juez De Moraes ha prohibido al presidente argentino Javier Milei visitar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, porque, a juicio del magistrado, la reunión ostentaría una «naturaleza político-partidaria».

Milei se desplazará a Brasil para participar en un evento del Partido Liberal, el partido en el que milita otro hijo de Jair Bolsonaro, Flavio, el cual pretende presentarse a las próximas elecciones presidenciales brasileñas.    

Por otra parte, cabe recordar que la Administración estadounidense anunció la semana pasada la imposición de aranceles del 25% a determinados productos brasileños. La justificación de Washington es que Brasil mantiene diversas prácticas comerciales "injustas" o "irrazonables" que perjudican a las empresas estadounidenses y limitan su acceso al mercado brasileño, especialmente empresas tecnológicas y de pagos electrónicos. Entre esas prácticas figuran la aplicación insuficiente de las normas anticorrupción o medidas regulatorias y arancelarias. 

A esta medida, Brasil respondió con aranceles recíprocos.