Es evidente el giro provida de Estados Unidos desde que Trump ocupa la Casa Blanca. Medidas provida, excarcelamiento de activistas acosados por Joe Biden y declaraciones y posicionamientos de primeros espadas de la Administración a favor de la vida.
En este giro provida, encontramos a Estados Unidos en plena campaña contra Planned Parenthood, la Administración Trump anunció que congelará las subvenciones al gigante abortero que no pasa por su mejor momento: dinero derrochado en financiar objetivos políticos y candidatos aborteros, sumado a las numerosas denuncias por fraude que acumula la red de abortorios. El cierre obligado de muchas clínicas gracias a las medidas provida y el corte de financiación de Medicaid con la llegada de Trump, suponen un panorama económico que se presenta muy negro.
Hace apenas un mes los chicos de Planned Parenthood se vieron obligados a cerrar ocho de sus centros en Estados Unidos, cuatro en Iowa y cuatro en Minnesota, debido a nuevas leyes estatales restrictivas, la congelación de fondos federales por parte del Gobierno de Trump y la previsión de futuros recortes presupuestarios. También han tenido que clausurar dos de sus seis centros en el área de Houston, Texas, y otros dos en Luisiana.
Ese cierre del grifo de dinero público para Planned Parenthood fue ratificado por el Tribunal Supremo, que el pasado mes de junio emitió un fallo en el que permite a los estados quitar la financiación del plan público Medicaid al gigante abortista.
En un nuevo paso en esta batalla por la vida, se ha conocido que un tribunal federal de apelaciones allanó el camino para que el gobierno del presidente estadounidense pueda retirar los fondos federales al negocio abortero. Como hemos comentado, la Administración Trump lo anunció, Planned Parenthood recurrió, y una orden judicial preliminar emitida en julio por un juez de un tribunal inferior suspendió la medida por posible violación de la Constitución. Ahora, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos con sede en Boston acordó suspender dicha orden judicial.
Esta nueva decisión judicial autoriza que la organización quede temporalmente excluida del programa Medicaid al realizar abortos. Con este giro legal, Planned Parenthood perdería durante un año la posibilidad de recibir reembolsos de Medicaid. Por lo que esos cierres de clínicas podrían aumentar a 200 centros cerrados.
Alexis McGill Johnson, directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America, ha comparecido al conocerse el fallo para denunciar que la decisión tendrá un efecto devastador y que la presión sobre otros centros sanitarios se intensificará, obligando a los usuarios a desplazarse más y a soportar listas de espera más largas.