Pedro Sánchez ha sacado el comodín feminista para elegir a la persona que va a sustituir al frente de la Fiscalía General del Estado a Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación.
Se trata de Teresa Peramato (63 años), una persona de la órbita del ya dimitido García Ortiz -dimitió ayer un minuto antes de conocer la redacción de la sentencia- y de la fiscal general del Estado (entre 2020 y 2022) y de la exministro, Dolores Delgado, quien, de hecho, la promovió para ocupar, el 18 de mayo de 2021, el puesto de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
Por su parte, García Ortiz la nombró fiscal de Sala jefa de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Anteriormente, el 1 de marzo 2010, Cándido Conde-Pumpido -que en aquel entonces era el fiscal general del Estado- la nombró fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
Peramato perteneció a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde incluso ocupó el cargo de presidenta. Por eso, esta asociación, en un comunicado, ha celebrado su nombramiento ya que "encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes" de la carrera fiscal "para ser una magnífica fiscal general del Estado". Ha destacado que se trata de una "fiscal de carrera con más de 35 años de servicio público, ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal".
"Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", ha asegurado la UPF en un comunicado.
Cabe recordar que, en España, hay tres asociaciones de fiscales:
La Asociación de Fiscales (AF), fundada en 1980, es la mayoritaria. El pasado 10 de noviembre, esta asociación emitió un comunicado en el que lamentaba que el presidente del Gobierno, en entrevista a El País y en torno al juicio a García Ortiz, se hubiese "inmiscuido en la función de juzgar que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo, quien deberá realizar una valoración en conciencia de las pruebas e indicios que obren en autos y las que se practiquen en juicio oral".
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es otra asociacion importante, tras la UPF y la AF.
Las dos primeras se han manifestado "para denunciar la gravedad de las reformas legislativas en curso, que ponen en entredicho principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal", en alusión a la reforma del ministro Félix Bolaños, que pretende dejar en manos de los fiscales la instrucción de los casos así como modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal.
Y la tercera es la citada Unión Progresista de Fiscales (UPF), que solicitó una reunión urgente con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para dialograr sobre las reformas y no respaldó la huelga que convocaron la AF y la APIF. Eso sí, pidió que se escuchara a todas las partes involucradas antes de la aprobación de leyes.