Tal y como recogió ayer Hispanidad, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado por segunda vez a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) investigar si Pedro Sánchez debió abstenerse en el rescate de Air Europa, pues su mujer, Begoña Gómez, mantenía relaciones profesionales con los dueños de la aerolínea, esto es, los Hidalgo.
Hoy algunos medios -ABC, El Confidencial- recogen que, en su segundo informe -en el que responde al TSJM-, la Oficina de Conflicto de Intereses ha constatado que Begoña Gómez dirigía el IE África Center, que estaba patrocinado por Globalia (el holding de los Hidalgo, Juan José y su hijo Javier), justo cuando la aerolínea Air Europa fue rescatada por su marido Pedro Sánchez.
La OCI especifica, no obstante, que «no se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración». Cabe recordar que la OCI depende del Gobierno, concretamente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Y por esa razón -porque forma parte del sanchismo- ha concluido en su segundo informe que Sánchez no tenía la obligación de abstenerse en el rescate de Air Europa porque su mujer no mantenía "relación personal ni profesional alguna con la compañía" en el momento de la concesión, el año 2020. Y por ello, ha vuelto a archivar la denuncia que provenía del PP.
Y, hablando de Begoña Gómez -que, como se sabe, esta siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo- hoy The Objective recuerda una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a un año de prisión a dos concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) por malversación, al usar a obreros de los servicios municipales, y en su horario de trabajo, para ejecutar trabajos en sus propias viviendas.
Pues bien: el pasado mes de agosto, el juez Peinado decidió imputar a la mujer del presidente del Gobierno por un nuevo delito, el de malversación, por el posible uso de fondos públicos en el trabajo de su ayudante en Moncloa, Cristina Álvarez. En concreto, por posible «desviación de fondos públicos en favor de intereses privados», al presuntamente emplear tiempo de su trabajo en realizar gestiones para los negocios privados de Gómez.
En su última declaración ante el juez Peinado, la esposa del presidente del Gobierno reconoció que Álvarez realizó para ella, de forma “excepcional”, alguna gestión de carácter privado, como “un favor”. Pero que esas tareas “no afectaron a las funciones que Álvarez tenía asignadas por parte de Presidencia del Gobierno”. Las similitudes entre ambos casos son evidentes...