Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela:
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, Jose Luis Calama, ha rechazado ordenar a la Agencia Tributaria que suspenda las actuaciones de comprobación e investigación inspectora con alcance general sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y a la empresa Whathefav, así como sobre el empresario Julio M.M. y las sociedades mercantiles vinculadas a este, informa el CGPj en nota de prensa.
En un auto, el magistrado sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza las solicitudes de las Delegaciones de la AEAT de Madrid y de Valencia, de 29 de junio, en las que habían pedido al instructor que ordenara paralizar las actuaciones de inspección abiertas por dicho organismo. Además, Calama le pide a la AEAT que si en sus actuaciones de investigación hallara indicios de posible delito fiscal deberá ponerlo en conocimiento del juzgado “a los efectos valorativos oportunos”.
También en relación a este caso, el juez Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue las cuentas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, de su secretaria, Gertrudis Alcázar, de su amigo Julio Martínez Martínez y de varias empresas investigadas: en total, 57 cuentas bancarias en 13 entidades bancarias distintas y pertenecientes a 18 titulares.
Se ha sabido, por ejemplo, que las hijas de Zapatero transfirieron 447.095 euros a sus propias cuentas.
En el caso de Gertrudis Alcázar, ha trascendido que se compró un piso sin hipoteca, mediante transferencias o domiciliaciones bancarias ejecutados entre marzo de 2021 y junio de 2023. Es más: la UDEF atribuye a Gertrudis un importante papel en las gestiones de la trama del caso Plus Ultra.
Por otra parte, el juez Calama ha descubierto que Zapatero ingresó entre 2020 y 2025 más de tres millones de euros (un dinero procedente de una docena de empresas distintas) por su labor como “consultor”, mediante transferencias a otras cuentas vinculadas al expresidente,
Asimismo, la UDEF ha localizado empresas pertenecientes a Julito Martínez (el presunto testaferro de Zapatero), que no realizaban actividad uni tenían empleado pero que recibían ingresos millonarios.
Además, la UDEF descubierto el pago de 1,2 millones de euros más de Plus Ultra a Zapatero por medio de una nueva empresa pantalla, denominada Caletón Consultores, que se dedicaba a redistribuir dinero hacia el resto de las sociedades de la trama.
Recordemos que en el Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela, el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el Ceo, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.
2.-Caso Leire Díez:
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exdirector general de la Guardia Civil (desde el 13 de junio de 2023 hasta el 17 de septiembre de 2024) Leonardo Marcos, al que ha citado a declarar el próximo 10 de septiembre.
Como recogió Hispanidad, según el sumario del caso Leire Díez, el jefe de la UCO de la Guardia Civil entre julio de 2023 y diciembre de 2025, el coronel Rafael Yuste, declaró ante sus subordinados (cuando estos le preguntaron por orden del juez Santiago Pedraz, el miércoles 27 de mayo) que el entonces director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (cargo político nombrado por el Gobierno sanchista, entre junio de 2023 y septiembre de 2024) y el máximo jefe de la Guardia Civil, el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, le presionaron para que sus agentes se “pusieran de perfil” en las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez, por ejemplo, en las investigaciones a su hermano David, las cuales calificaron despectivamente como "prospectivas y malintencionadas”. El pasado 26 de junio, el general Yuste ratificó ante el juez Pedraz su declaración.
Ante estos hechos, el pasado 2 de julio, el juez Pedraz imputó a Llamas (y también a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González) en el caso Leire Díez.
Por otra parte, el juez Pedraz se ha dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego (que también investiga las cloacas del PSOE), al que le ha dicho que responda de una vez a la petición de inhibición en favor del propio juez Pedraz y que si no responde antes de la primera semana de septiembre, "se planteará la cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo" para que este dirima la controversia.
Cabe recordar que en el caso Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: A) contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y B) operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que también está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego y también por el juez de la AN Santiago Pedraz, el cual pidió a Zamarriego que se inhibiera, pero este no le ha respondido todavía.
Respecto a las operaciones de cloaca, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón.
3.-Caso Begoña Gómez:
La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado su pasaporte —lo ha recogido en el juzgado su procuradora— después de que la Audiencia Provincial retirase la medida cautelar impuesta por el juez Juan Carlos Peinado, que le prohibía viajar fuera de España.
En el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular de nueve madrileños por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio anuló los otros dos delitos que le atribuía el juez Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida).
Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado pidió a las partes -a la acusación popular liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)- que presentasen sus nuevas peticiones de cara al juicio con jurado popular. Hazte Oír ha pedido 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Por su parte, la Fiscalía en este caso sigue pidiendo la absolución tanto de Gómez como de Álvarez. Mientras que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha entregado al juez un nuevo escrito en el que pide a la esposa de Pedro Sánchez y a su asistente en Presidencia del Gobierno el pago de 113.509,32 euros, en concepto de responsabilidad civil.