Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela:
El pasado 30 de julio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que investigue las cuentas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, de su secretaria, Gertrudis Alcázar, de su amigo Julio Martínez Martínez y de varias empresas investigadas: en total, 57 cuentas bancarias en 13 entidades bancarias distintas y pertenecientes a 18 titulares.
La novedad ha sido que Zapatero le ha pedido al juez Calama que acote la investigación de la UDEF, es decir, que le ponga "límites", ya que tal indagación podría acabar en una investigación prospectiva que vulnere sus derechos.
Sin embargo, hay que destacar que España es un país donde no existe el secreto bancario. Y no solo eso: las entidades financieras estañan obligadas a dar parte a Hacienda sobre operaciones bancarias no registradas de más de 2.000 euros. Y no solo eso: en España, Hacienda te puede embargar la cuenta o sacar de ella tu dinero si te niegas a pagar determinadas sanciones, como multas, etc.
Así que el señor Zapatero ahí se ha columpiado y ha vuelto a demostrar una soberbia y una arrogancia que no cuadra con la imagen buenista que habitualmente trata de ofrecer.
-Resumen del Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el Ceo, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.
2.-Caso Begoña Gómez:
El pasado 19 de junio, el juez Juan Carlos Peinado abrió una pieza separada, después de recibir documentación que le envió la Fiscalía Europea, para investigar si se produjeron presuntos delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la UE, por supuestas irregularidades en contratos públicos recibidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña Gómez y apoyado por ella en sus cartas de recomendación para hacerse con esos contratos.
En concreto, un informe de la UCO de la Guardia Civil localizó posibles irregularidades administrativas en dos contratos adjudicados por la empresa pública Red.es y financiados con 4 millones de euros de fondos europeos, a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés.
El ente judicial que estaba investigando las adjudicaciones con fondos de la UE era la Fiscalía Europea, la cual envió las pesquisas a Peinado después de que la Audiencia Nacional estimase un recurso y decidiese el envío del procedimiento al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La novedad es que la Fiscalía Europea tiene interés en investigar una tercera adjudicación a Barrabés, por importe de 4 millones de euros, realizada por la empresa pública Red.es. La Fiscalía Europea entiende que tiene competencia sobre este tercer contrato --no especificado en la información que se ha publicado sobre ello--. Se supone que la Fiscalía europea entiende que esta tercera adjudicación a Barrabés habría afectado a los fondos europeos y que por eso es de su competencia.
-Resumen del Caso Begoña Gómez: la mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio anuló los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida). El juez Peinado también acusa al empresario Juan Carlos Barrabés de delitos de Tráfico de influencias y corrupción en los negocios y le propone para ser juzgado por un jurado popular, al igual que a la ayudante de Gómez, Cristina Álvarez, a quien acusa de los mismos delitos que a ella, es decir, tráfico de influencias y malversación.