Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamosa la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.  

Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

En relación a este caso, hoy ha declarado ante el juez Pedraz el exjefe de la UCO Rafael Yuste, así como los generales de la Guardia Civil López Malo, Cortés y Sánchez Peláez. Hasta este momento no ha trascendido nada de sus declaraciones. 

Como recogió Hispanidad, según el sumario del caso Leire Díez, el jefe de la UCO entre julio de 2023 y diciembre de 2025, el coronel Rafael Yuste, declaró ante sus subordinados (cuando estos le preguntaron por orden del juez Ferraz, el miércoles 27 de mayo) que el entonces director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (cargo político nombrado por el Gobierno sanchista, entre junio de 2023 y septiembre de 2024) y el máximo jefe de la Guardia Civil, el Director Adjunto Operativo DAO, el teniente general Manuel Llamas, le presionaron para que sus agentes se “pusieran de perfil” en las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez, por ejemplo, en las investigaciones a su hermano David, las cuales calificaron despectivamente como "prospectivas y malintencionadas”.

También en relación al caso Leire Díez, estos días Hispanidad recogió las informaciones según las cuales la fontanera del PSOE estaría dispuesta a tirar de la manta, asegurando que, si ella cae, "no lo hará sola" y añadiendo: «No voy a hacer otra cosa que contar la verdad cuando corresponda». 

Hoy, El Español incide en que la fontanera del PSOE está valorando declarar ante el juez Pedraz, es decir, que está valorando convertirse en otro 'Aldama' y decir tod lo que sabe por si se puede beneficiar penalmente. Además, Díez asegura que ella informaba periódicamente a Antonio Hernando --actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez--  de sus investigaciones a jueces, fiscales y a miembros de la UCO. Y que, en consecuencia, el equipo de Sánchez amparaba sus actividades de cloaca. En definitiva, otro indicio más que apunta a que Pedro Sánchez, como mínimo, lo sabía todo y lo amparaba todo...

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2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar también que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. 

Ayer recogió Hispanidad que la defensa de Zapatero ha pedido al juez Calama que declare la "nulidad general de las actuaciones" y, en particular, de 11 resoluciones claves, por supuestamente, haber vulnerado sus derechos fundamentales. Y es que la estrategia de la defensa de Zapatero es poner palos en las ruedas a la instrucción del juez Calama y su defensa ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso si el magistrado no acredita qué resolución judicial le autorizó para conseguirlas y si en la consecución de esas pruebas se pudo haber vulnerado algún tipo de derecho fundamental. Por ejemplo, en la consecución del contenido del teléfono móvil incautado en EEUU a Rodolfo Reyes, empresario venezolano y antiguo accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra. 

Como recogió también Hispanidad, el pasado 9 de junio el juez Calama pidió permiso a las autoridades estadounidenses para utilizar como prueba dicho contenido, que fue conseguido por la justicia estadounidense -en concreto, por la agencia Homeland Security Investigations-, ya que ésta también investigaba a Reyes, y fue trasladado a la Audiencia Nacional española el pasado 18 de marzo de este año. 

Hoy el Debate añade, además, que la doctrina del Tribunal Supremo español es avalar como válidas las pruebas judiciales que hayan sido conseguidas en otro país, si han sido obtenidas legalmente según el derecho de ese país, incluso aunque en España se exijan más requisitos legales para la obtención de las mismas. Además, el Supremo permite el intercambio de información entre cuerpos policiales y su posterior uso en un proceso penal. 

Así pues, según esta doctrina, la defensa de Zapatero debería tenerlo crudo pues su argumento de que en España no se puede utilizar el contenido del móvil de Rodolfo reyes caería pro su propio peso, si las autoridades estadounidenses dan perdimos al juez Calama para utilizar como prueba dicho contenido…

También en relación a este caso, se ha conocido hoy —por El Español— que el expresidente español está un tanto contrariado con la UDEF de la Policía Nacional y ha solicitado al juez José Luis Calama que le ordene "limitar su investigación exclusivamente a los hechos concretos" de la resolución, porque su vida "no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna". 

Por otra parte, Hispanidad recogió el nuevo informe de la UDEF de la Policía nacional, entregado al juez Calama, que revelaba que Zapatero cobró una comisión ilegal de 200.000 euros por mediar a favor de una empresa peruana ante las autoridades de  Bolivia. Y lo hacía dando apariencia de legalidad a mordidas por medio de empresas pantalla, así como ejerciendo "influencias ilícitas" y liderando una "organización criminal" --no era un lobista-, todo esto según la UDEF. Pues bien: este mismo cuerpo policial ha notificado al juez Calama que el contrato de 200.000 euros de Zapatero fue “borrado” del teléfono de su secretaria Gertrudis Alcázar. Los agentes no encuentran el acuerdo en el terminal de la secretaria, a pesar de que compartió el archivo a través de aplicaciones de mensajería. Y sobre esto, el expresidente de Bolivia Luis Arce ha desmentido que tratase con Zapatero “ningún litigio judicial” de la empresa peruana, o sea, ha desmentido que el expresidente español le le pidiese algún favor para la citada empresa, sino que solo hablaron de "política". 

También en relación al caso Zapatero, The Objetive publica hoy que el expresidente llevó documentación suya al domicilio particular de su secretaria Gertrudis Alcázar, a finales de 2011, coincidiendo con la salida de Zapatero de La Moncloa tras la victoria electoral del Partido Popular y la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno. 

Y también en relación al Caso Plus Ultra-Zapatero, el juez Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria personarse --por medio de la  Abogacía del Estado-- en la pieza separada sobre las joyas de Zapatero, como "potencial perjudicada" por un posible delito fiscal y contrabando. 

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3.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres comparecieron ante el juez el pasado lunes 15 de junio y seguimos a la espera de la decisión del juez Peinado sobre qué medidas cautelares adopta para los tres encausados en la causa principal. 

Como recogió Hispanidad, el juez Peinado abrió el pasado 19 de junio una nueva pieza separada, después de recibir nueva documentación que le ha enviado la Fiscalía Europea. En esta pieza separada dentro del mismo caso Begoña Gómez, el juez Peinado va a investigar si se produjeron presuntos delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la UE, por supuestas irregularidades en un contrato público recibido por el empresario Juan Carlos Barrabés. 

En concreto, un informe de la UCO de la Guardia Civil localizó posibles irregularidades administrativas en dos contratos adjudicados por la empresa pública Red.es y financiados con 4 millones de euros de fondos europeos, a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. 

El ente judicial que estaba investigando las adjudicaciones con fondos de la UE hasta ahora era la Fiscalía Europea, la cual ha enviado las pesquisas a Peinado después de que la Audiencia Nacional estimase un recurso y decidiese el envío del procedimiento al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Es decir, que al juez Peinado le apoya la Fiscalía Europea, que investiga el uso de los fondos europeos. La Fiscalía de Madrid, por el contrario, ha actuado en todo el proceso como si fuera el abogado defensor de los acusados, algo totalmente inédito y anómalo.

El caso es que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid le ha pedido ahora a la Fiscalía de Madrid un informe sobre la tipicidad de los hechos. Y cuidado con lo que dice, porque la Fiscalía Europea sí ve indicios de delito.

En relación a este caso, OK Diario publica hoy que la UCO de la Guardia Civil ha encontrado nuevos correos electrónicos corporativos de empleados de la entidad estatal Red.es que demostrarían el amaño de la adjudicación a Barrabés por medio de la manipulación sistemática de las valoraciones, en favor del empresario investigado. Cabe recordar que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación para apoyar a la empresa de Barrabés en esta licitación pública. Y estos correos, por tanto, serían una prueba de uno de los cuatro delitos que le achaca el juez Peinado, el de tráfico de influencias.