Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

En relación a este caso, ha sido noticia esta mañana que el juez Pedraz ha citado como investigado el 25 de junio a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, después de conocerse que tanto Teijelo como Leire Díez mantuvieron dos reuniones con Diego Villafañe, el 'número dos' del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. 

Y es que, como recogió Hispanidad, la Fiscalía General del Estado había informado al juez Pedraz acerca de dos reuniones que mantuvo Diego Villafañe con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. El entonces fiscal general Álvaro García Ortiz conocía estas reuniones ya que fue informado acerca de ellas. Pero, misteriosamente, no quedaron registradas… 

También sobre Teijelo, El Español publica que este presumió ante Leire Díez de tener a "61 periodistas habituales" a los que mandar información, según una conversación de WhatsApp intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desvelada por el programa Horizonte (Cuatro).

También se ha publicado hoy que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tramitó en persona, y ocupando ese cargo, una denuncia contra la jueza Biedma -la que ha instruido la causa contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno- 48 horas después de que imputase al hermano del jefe del Ejecutivo y después de que una subordinada suya (otra fiscal) se hubiese negado a hacerlo tras una petición de las cloacas del PSOE, todo ello en una operación presuntamente liderada por Leire Díez. La denuncia fue finalmente fue archivada sin practicar ninguna diligencia. Pero toda la operación la conoce el juez Pedraz, que se la ha manado a la Fiscalía Anticorrupción...

El hecho de por sí tiene una gravedad extraordinaria: todo un fiscal general del Estado maniobrando contra una jueza. Claro que no es de extrañar, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Ayer mismo, el Supremo emitió su informe desfavorable al indulto de García Ortiz, porque los delitos "fueron graves" y que tuvieron "afectación importante de la institucionalidad" de la Fiscalía. ¿Alguien duda de que, aun así, el Gobierno sanchista le  indultará?

Más sobre el 'caso Leire'. La directora de la Guardia Civil Mercedes González sabía todo sobre las reuniones entre Leire Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba (para desprestigiar a mandos del cuerpo como Antonio Balas o Manuel Sánchez Corbí) porque Díez se lo contaba todo por teléfono a la directora de la Guardia Civil, según las actas que elaboró Villalba y que publica hoy El Mundo. 

Otro escándalo de primer orden porque González ha dado a entender que no sabía nada de investigaciones ni de operaciones contra la Guardia Civil. 

Asimismo, según informa ABC, Leire Díez mantuvo encuentros con el exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos, cuando este fue imputado, con la intención de que no tirase de la manta contra el PSOE o contra Pedro Sánchez. En esos encuentros, la fontanera del PSOE se presentaba como portavoz de la Secretaría General de Santos Cerdán. 

Por otra parte, hoy ha sido noticia que el PP ha citado en la comisión Koldo del Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "mentir" sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez. El PP también ha citado a  a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para explicar las reuniones de la fontanera del PSOE con la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz.

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2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular del Juzgado Central de Instrucción número 4--  dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el próximo 17 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. 

En relación a este caso se ha sabido que el peritaje judicial de las joyas halladas en el despacho de Zapatero por la UDEF alcanza un valor de  1,3 millones de euros. Mucho dinero parece... Y más, cuando el entorno del expresidente --su portavoz Luis Arroyo, que hoy ha pedido disculpas por ello-- había cifrado su valor entre 30.00 y 50.000 euros, procedentes de una herencia de la madre de Zapatero, de la familia de su mujer Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes. 

Según OK Diario, el expresidente se podría enfrentar a una pena de 6 años de cárcel por no haber declarado ante Hacienda las joyas. Y eso, recordemos, al margen de los otros delitos que ya le imputa el juez Calama: falsedad documental, organización criminal y tráfico de influencias. 

De hecho, Zapatero ya ha recibido una denuncia de Manos Limpias, ante la Hacienda Publica, por el tema de las joyas, por un presunto fraude fiscal... 

Pero al final de la mañana se conocía la noticia del día: Calama ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente Zapatero por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de las citadas joyas de alto valor y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”, recoge El Español. 

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3.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Cabe recordar que el juez Peinado había citado a Begoña Gómez, a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 9 de junio, para una audiencia previa al juicio con jurado popular, advirtiendo que si los tres acusados no acuden a esa cita para "tratar de eludir la acción de la justicia", podrán "ser conducidos por la fuerza pública". Pero luego el juez accedió a retrasar la comparecencia al lunes 15 de junio. 

Hoy informa El Español que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha respondido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que no hay base objetiva para iniciar un expediente disciplinario contra el juez Peinado. En consecuencia, ha solicitado a la Comisión Permanente el archivo de las diligencias informativas abiertas al magistrado. Bolaños ha presentado ante el CGPJ varias denuncias contra el instructor del caso Begoña por no estar de acuerdo con medidas de la instrucción. Pero el órgano de Gobierno de los jueces las ha rechazado todas, lo que supone un espaldarazo a su trabajo...

Cabe recordar que el juez Peinado ha salido victorioso de todas las querellas, denuncias y maniobras del Sanchismo para desactivarlo o desprestigiarlo. Por ejemplo, las tres presentadas por el propio Pedro Sánchez, por su mujer Begoña Gómez y por el periodista Máximo Pradera: todas ellas han sido inadmitidas o rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).