Tras unos flojos resultados en el primer semestre, crece la politización en Enagás, mientras su CEO, Arturo Gonzalo, sigue absorto en el ruinoso proyecto del transporte del hidrógeno verde. Y es que el Gobierno Sánchez ha nombrado al exministro socialista Francisco Caamaño como consejero dominical y el Ejecutivo vasco se ha hecho con una participación del 1%.
Como saben, el Estado controla a través de la SEPI el 5% de la compañía gestora del sistema gasista español y transportista de gas. Eso sí, tiene un estatus especial de protección y control estratégico, y cuenta con dos representantes en el Consejo: hasta hace poco, eran el vicepresidente de la SEPI, el imputado Bartolomé Lora, y Santiago Ferrer Costa. Sin embargo, este último ha presentado su renuncia al cargo por motivos profesionales y el Gobierno ha decidido nombrar como sustituto al exministro socialista Francisco Caamaño, quien estuvo al frente de la cartera de Justicia en el segundo mandato del imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Caamaño dejó su escaño en 2015 y se incorporó a su cátedra en la Universidad de Valencia, y actualmente, trabaja como catedrático en la Universidad de La Coruña y es socio profesional del bufete CCS Abogados.
No se trata del primer político que entra en el Consejo de Enagás, ni será el último. Recuerden que en febrero de 2022, el PSOE empezó a asaltar la compañía con el nombramiento de Arturo Gonzalo como CEO, en sustitución de Marcelino Oreja Arburúa, y acaparando todas las funcionas ejecutivas mientras se mantuvo a Antonio Llardén como presidente no ejecutivo. Oreja no fue el único en salir del Consejo de Enagás, sino que también lo hicieron otros miembros ligados al PP: la exministra Isabel Tocino, el exdirigente popular Antonio Hernández Mancha (precedió a José María Aznar en la presidencia del PP); Gonzalo Solana, quien presidió el Tribunal de la Competencia cuando gobernaba Aznar; e Ignacio Grangel, que fue asesor del Ministerio de Energía siendo presidente Rajoy. Sólo fue renovada como consejera la exministra pepera Ana Palacio.
Desde entonces, la politización no hizo otra cosa que crecer, aunque desde 2020 en su Consejo se sientan: dos exministros socialistas Pepe Montilla y Pepiño Blanco y el asesor podemita -y antigasista- Cristóbal José Gallego (cuyo nombramiento en la Junta de 2020 fue bastante polémico). En 2022 se incorporaron como independientes los académicos David Sandalow y Clara García Fernández-Muro, así como otros dos socialistas: María Teresa Costa Campi ha sido presidenta de la antigua Comisión Nacional de Energía y diputada socialista; y Manuel Gabriel González Ramos, diputado socialista en el Congreso y que fue delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Actualmente, el Consejo de Enagás sigue presidido por Antonio Llardén y también se sientan: Arturo Gonzalo; Ana Palacio, con categoría de otro externo; dos dominicales (Bartolomé Lora y el exministro Francisco Caamaño); y diez independientes. Estos últimos son: los exministros socialistas José Montilla y Pepiño Blanco, el asesor podemita Cristóbal José Gallego, Clara Belén García, Manuel Gabriel González, María Teresa Arcos, María Teresa Costa, Patricia Úrbez, María Elena Massot y Vicenç Pedret (con su nombramiento hace unos meses el Gobierno contentó a ERC).
Y en paralelo, el Ejecutivo vasco (vinculado al PNV y al PSOE), que preside Imanol Pradales, ha entrado en el accionariado de Enagás al comprar una participación del 1% por 45,8 millones de euros, una operación gestionada a través del Instituto Vasco de Finanzas con el fin de impulsar proyectos energéticos estratégicos en la región. Y es que quiere "impulsar la autonomía energética de Euskadi".