Una vez más, queda claro que las energías renovables nos están saliendo carísimas a los contribuyentes de nuestro país, en especial, por el desastre de los laudos que generaron el PSOE... y también el PP. Un escenario al que llevan un tiempo sumándose embargos y ahora ha llegado el segundo para Enaire, aunque por una cuantía mucho más elevada que la del recibido el pasado julio: 482,4 millones de euros, frente a 207,3 millones.
Para entender todo mejor, conviene explicar el tema desde el principio. Cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno tuvo la ‘gran’ idea de ofrecer unas generosísimas primas a las energías renovables, prometiéndoles una rentabilidad asegurada del 22%, lo que atrajo a una gran cantidad de fondos de inversión y de empresas, pero también provocó que se dispara el déficit de tarifa a casi 30.000 millones. Unas primas que Zapatero dio a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: primero, con el cordobés José Montilla, al frente; después, con el barcelonés Joan Clos; y luego, con el madrileño Miguel Sebastián.
Este último fue quien empezó a darse cuenta del desastre generado y el que se avecinaba, y comenzó a usar la tijera en las primas a las renovables en 2010. La etapa de Zapatero en La Moncloa llegó a su fin en diciembre de 2011 y dio el testigo al pepero Mariano Rajoy, que eligió a José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo. El desastre de las primas a las renovables de ZP era ya de tal califre que a Soria le tocó no sólo recortarlas, sino intentar amortiguar el desastre con un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes).
Ante todo esto, no sólo tomaron postura los políticos, también el Tribunal Supremo, que estimó que la rentabilidad de turbinas eólicas y placas solares no podía ser del 22% que prometió ZP, sino que entre un 7% y un 9% era más que suficiente. Recientemente, este Alto Tribunal ha confirmado que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%. Con el recorte de la rentabilidad prometida a los inversores, empezaron a producirse arbitrajes o laudos (donde hay un abogado por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), alcanzando 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -el organismo de arbitraje del Banco Mundial-. Dado que son abogados no pueden dictar una sentencia, por lo que en muchos casos los demandantes (en su gran mayoría fondos de inversión, e incluso algunos fondos oportunistas que han comprado los derechos de cobro de otros) han acudido a los tribunales ordinarios. Hasta ahora, se han producido fallos favorables a España y otros en contra, pero nuestro país aún no ha pagado nada del dinero reclamado o de indemnizaciones... y así han llegado los primeros embargos de activos ajenos al sector energético en EEUU, Australia, Reino Unido y Bélgica.
Precisamente, en este último país, un tribunal de primera instancia ha autorizado el embargo de 482,4 millones a Enaire, la empresa estatal española que controla la navegación aérea y que es dueña del 51% de AENA. En concreto, el embargo corresponde a los ingresos que nuestro país recibe mensualmente por el control de su tráfico aéreo por parte de Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea... que tiene su sede en Bruselas (Bélgica). Dado que España se negó a abonar a OperaFund y Schwab la indemnización de 29,3 millones que reconoció el CIADI en 2019 por el perjuicio sufrido en sus inversiones en parques fotovoltaicos en España, con sus correspondientes intereses de demora (7,5 millones), los afectados presentaron una demanda ante los tribunales belgas, solicitando la intervención de los pagos de Eurocontrol a Enaire,... y se han salido con la suya. Ha sucedido lo mismo que el pasado verano, cuando un tribunal belga autorizó el embargo de 207,3 millones de Enaire que pidió Eurus Energy (filial del grupo Toyota) en su demanda, como garantía de cobro de la indemnización que dictó un tribunal internacional bajo el amparo del CIADI y del Tratado de la Carta de la Energía (del cual Teresa Ribera, ahora vicepresidenta europea, inició la salida de España siendo aún vicepresidenta tercera del país, secundando los pasos de Italia y Polonia). Y esta denuncia llegó por el ‘no’ de nuestro país a pagar 106,2 millones a Eurus y otros más de 7 millones en intereses de demora por la retirada de los incentivos a proyectos eólicos y solares en Galicia y Asturias.
Claro que estos dos embargos no han sido los únicos que ha recibido nuestro país. Por ejemplo: se embargaron cuatro cuentas bancarias (en el Banco Santander) del Estado que pertenecían al Instituto Cervantes y una sede de este último en Londres, así como el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el derecho de cobro de la indemnización del Prestige y hasta un bono de deuda... Y ojo, el pasado septiembre, los medios diplomáticos y jurídicos de nuestro país temieron la posibilidad de que se embargara el avión de Pedro Sánchez cuando viajó a la 80ª Asamblea de la ONU. Un temor que tiene su peso... y más si se recuerda lo que le pasó a Argentina en octubre de 2012, siendo presidenta Cristina Fernández de Kirchner: se embargó el buque escuela argentino ‘Fragata Libertad’ en Ghana, como respuesta a la demanda del fondo NML Capital, que exigía el pago de una deuda que no se había incluido en un canje de años anteriores, y que el país hispanoamericano se negaba a pagar. Al final, el citado buque fue liberado 77 días más tarde, tras la intervención del Tribunal del Mar y la resolución de la deuda con el fondo.
Y por cierto, a los laudos, demandas y embargas, se suma el hecho de que seguimos pagando el déficit de tarifa que disparó Zapatero y que se ha convertido en una deuda histórica del sistema eléctrico español, que además, conlleva intereses. Recuerden que dicho déficit de tarifa cerró 2019 en 16.602 millones y ha seguido bajando en años posteriores: a 10.016 millones en 2022, a 7.866 millones en 2023 y a 5.727 millones en 2024, según los últimos datos de la CNMC. Pero no se liquidará hasta 2028. Ojo, desde 2014 y hasta principios de 2024, los consumidores de electricidad en nuestro país ya habíamos pagado más de 6.000 millones en intereses del déficit de tarifa, según datos de la CNMC que recogió La Información.... y si se suma el déficit de tarifa que aún queda y su correspondiente pago de intereses, el dinero de los laudos, las reclamaciones, los embargos, los honorarios de abogados… la deuda relacionada con las renovables que colea de la época de ZP se estima en 20.000 millones, según refirió Guillermo Rocafort, Licenciado en Empresariales y en Derecho, Doctor en Economía, profesor universitario y escritor, en la red social X (antes Twitter) en noviembre de 2024.
Claro que no sólo los consumidores eléctricos y los contribuyentes den nuestro país hemos afrontado la elevada deuda del sistema eléctrico, sino también las energéticas propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), como recordó hace unos meses, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España. En concreto, refirió que pagan 5 euros en el impuesto al combustible nuclear gastado, que se les impuso “en 2012-2013 para financiar el déficit de tarifa de 30.000 millones de las renovables”, a pesar de que dentro de la famosa tasa Enresa también pagan por la gestión de dicho combustible gastado. Además, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear (asociación que agrupa a la industria nuclear española), también ha referido dicho impuesto en alguna que otra ocasión.
Y en el entretanto, ahora prima más la economía sobre la ecología... y las energías renovables han dejado de ser un chollo. De hecho, se está pasando de una burbuja especulativa en dichas energías a un reflujo, como ya se está viendo en los movimientos de varios fondos de inversión (BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Apollo y Brookfield, entre otros).