Correos supone un gran desastre que no salpica a su presidente, el socialista Pedro Saura. Y es que ha cobrado un 26,4% más en 2025, con la vuelta a beneficio de una compañía que sigue viviendo a costa de las inyecciones de dinero público que recibe al ser un servicio público (como sucede, entre otras cosas, con RTVE).
Recuerden que Saura preside la empresa pública postal desde finales de diciembre de 2023. En su primer año en el cargo, cobró un 10% menos que su predecesor y amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. En el segundo año, ha recibido 234.754 euros brutos, un 26,4% más que el año anterior, e incluyendo el devengo de los complementos acumulados por su condición de funcionario durante 13 trienios, según el portal de transparencia de Correos.
A la vista de esa cifra, parece que a Saura ya le ha merecido la pena haber dejado de presidir Paradores. En 2024, la presidenta de la cadena hotelera pública, la exministra Raquel Sánchez, tuvo un salario anual de 172.101 euros brutos, al que se sumó una retribución variable de 39.480 euros. Recuerden que a Saura le tocó el gran ‘regalo’ de la presidencia de Correos, tras haber arreglado el desastre de las pérdidas en Paradores que dejó el socialista Óscar López (hoy ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública) y debido a que Pedro Sánchez quiso compensar a la socialista catalana Raquel Sánchez al no haberla incluido entre los miembros de su tercer Gobierno.
Por su parte, Serrano no fue castigado por su mala gestión en Correos, sino premiado con otro cargo público a finales de 2023: la dirección general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que gestiona las autopistas de peaje que revirtieron en el Estado por problemas financieros. En dicho cargo, según informó VozPópuli, Serrano tiene un sueldo de 80.000 euros, al que se suma un complemento de puesto de hasta el 40% y hasta un 60% de complemento variable, alcanzando un máximo de 160.000 euros anuales; y además, se suman dietas.
Volvamos a Saura, porque tras el beneficio ‘dopado’ (al obtenerse gracias a las inyecciones de dinero público), ahora planea el despido de 7.000 empleados. Y ojo, eso supone, nada más y nada menos, que el 15% de la plantilla de la empresa pública postal. Claro que los despidos también conllevarán indemnizaciones... a cargo de más dinero público. ¡Olé y olé!