Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha celebrado, recientemente, su Junta de Accionistas en Londres, constatando que es un gran negocio para la familia Daurella y para otros antiguos embotelladores españoles del famoso refresco (los Gómez-Trénor y los Comenge), que seguirán elevando su fortuna vía dividendos y recompras de acciones… Y todo ello a pesar del gran rechazo a su aumento de poder, sin la obligación de lanzar una OPA.
Recuerden que la ‘megaembotelladora’ europacífica es Olive Partners (sociedad controlada por los Daurella -que poseen el 56%-, los Comenge y los Gómez-Trénor) ya no controla el 36,4% del capital, sino el 37,2%. Desde la Junta de Accionistas de 2021 se propone un acuerdo que recoge una polémica dispensa por la que se permite que aumente su participación hasta un máximo del 40,10% sin verse obligada a lanzar una OPA. Es decir, Olive Partners se puede saltar la Ley de OPAs, que establece que si un accionista supera el 29,9% del capital de una compañía debe lanzar una oferta por el 100%. La votación de esa propuesta ha ido reflejando un creciente rechazo en las distintas juntas: del 17,89% en la de 2021, 17,5% en 2022, 21,9% en 2023, 22,94% en 2024, 25,05% en 2025 y 24,61% en la celebrada el pasado 28 de mayo. Eso sí, pese a dicho rechazo y la recomendación de votar en contra del proxy -un asesor de voto de los fondos de inversión- Institutional Shareholder Services (ISS), la propuesta ha vuelto a salir adelante con un 75,39% de votos a favor. Y ojo, otro proxy, Glass Lewis, sí recomendó el voto favorable.
Los accionistas de Olive Partners se han abstenido en la votación de dicho punto, lógico, y semanas atrás habían comunicado que no tenían intención de realizar ningún cambio, ni de superar el umbral del 50% de los derechos de voto. La polémica dispensa vuelve a reflejar que CCEP no protege al pequeño accionista… y la CNMV, que tiene entre sus tareas precisamente dicha protección, sigue guardando silencio. Es más, el regulador bursátil lleva callando años al respecto, en concreto, con sus últimos dos presidentes: Rodrigo Buenaventura (diciembre de 2020 a diciembre de 2024) y Carlos San Basilio (desde el 24 de diciembre de 2024).
Claro que el permiso para aumentar el poder, sin la obligación de lanzar una OPA, no es el único acuerdo propuesto que viene recibiendo rechazo en las últimas juntas: también las reelecciones de algunos consejeros españoles. En especial, las de Manuel Arroyo, que también es vicepresidente ejecutivo y director global de marketing de la multinacional The Coca-Cola Company, y de José Ignacio Comenge: el ‘no’ al primero ha pasado de 18,07% del año pasado al 12,23% y el del segundo, que también es consejero de Ebro Foods, se ha reducido del 14,42% al 12,36%. En una carta remitida a los accionistas a través de la CNMV, la ‘megaembotelladora’ ha referido que “si bien el señor Arroyo y el señor Comenge no son independientes, no tienen conflictos de interés, y evitar tales conflictos es el propósito principal de estipular que los miembros del comité de retribuciones deban ser independientes”. Por su parte, el rechazo a la presidenta de CCEP, Sol Daurella, ha bajado del 8,38% al 2,81%. A los accionistas parece que les gustan mucho más otros consejeros españoles, como: Álvaro Gómez-Trénor Aguilar, ha sido reelegido con un apoyo del 99,30%; Alfonso Líbano Daurella, primo hermano de Sol, que ha recibido un respaldo del 99,29%; y Mario Rotllant Solá, ex primo político de Sol (estuvo casado con su prima Carmen Daurella Aguilera, pero se divorciaron… aunque eso no ha supuesto su salida de los negocios familiares), que ha tenido unos votos a favor del 99,04%.
En la última Junta de Accionistas de CCEP se aprovechó también para sacar pecho del 10 aniversario de su creación tras la fusión de varios embotelladores europeos. En este tiempo, la capitalización bursátil casi se ha duplicado, pasando de 16.500 millones de euros a unos 36.000 millones. Daurella ha subrayado “nuestra trayectoria y nuestra singular presencia local nos diferencian, nos permite estar cerca de los clientes, consumidores y comunidades a las que prestamos servicio, y generar un impacto positivo y duradero”, destacando el trabajo de los 39.000 empleados, “cuyo espíritu emprendedor, ambición y profundo compromiso con las personas y la inclusión han contribuido a construir una cultura sólida y orientada al crecimiento del negocio”. De estos, 4.000 corresponden a Iberia (España, Portugal y Andorra), aunque no hay que olvidar que en 2014 se produjo una fusión de los antiguos embotelladores para crear Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), que conllevó un ERE, pese a tener jugosos beneficios, y los cierres de las plantas de Colloto (Asturias), Palma de Mallorca, Alicante y Fuenlabrada, dejando más de 800 despidos y un largo conflicto laboral que duró años y acabó en noviembre de 2018 vía prejubilaciones. CCIP se unió a la antigua embotelladora ibérica y alemana, con la participación de la multinacional de Atlanta, en 2016 para dar lugar a CCEP y más adelante, agrandó su tamaño al comprar la embotelladora australiana Amatil, estando hoy presentes en 31 países.
Y el consejero delegado de la ‘megaembotelladora’ europacífica, Damian Gammell, ha apuntado que están centrados “en seguir generando un crecimiento sostenible, impulsado por una ejecución sólida, la innovación y una inversión disciplinada” en los mercados en los que están presentes y “gracias a la solidez de la demanda en nuestras categorías y una estrategia de crecimiento clara, confiamos en nuestro futuro y en nuestra capacidad para generar valor para todos nuestros grupos de interés”. O sea, para seguir aumentando dividendos, algo de lo que se benefician los Daurella, los Gómez-Trénor y los Comenge, entre otros. Además, entre las remuneraciones de los consejeros, la de Sol Daurella subió un 3% en 2025, mientras la de Damian Gammell bajó un 29%, pese a mayor salario.