José Bogas ha subrayado que Almaraz es clave ante la necesidad de energía síncrona en el suroeste de España, algo que ha quedado en evidencia tras el apagón masivo que fundió a negro la Península el pasado 28 de abril. En su intervención en el II Observatorio de Energía de El Español-Invertia, el CEO de Endesa ha referido que confía en que el Gobierno dé una respuesta positiva a la solicitud de extensión de la central nuclear extremeña que le enviaron sus propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy).
Bogas, en línea con Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ha insistido en que “no hemos entrado en cuestiones fiscales por responsabilidad”. Algo que, con bastante caradura, han celebrado tanto la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, cuando se conoció la solicitud, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en El País. Sin embargo, desde la Fundación para el Avance de la Libertad se considera que “el Gobierno debe abordar la asfixia fiscal y regulatoria que sufre la industria nuclear. Tal y como recoge el informe ‘España, energía nuclear y palos en las ruedas’, elaborado por Kevin Fernández Cosials, el sector soporta una carga impositiva desproporcionada -incluyendo la Tasa Enresa, impuestos redundantes al combustible gastado y eco-tasas autonómicas- que encarece su actividad y limita su competitividad frente a otras fuentes energéticas”. Dicha Fundación considera que la nuclear “es una fuente clave para la seguridad de suministro, la autonomía energética y la competitividad económica del país”, por lo que se deben acompañar las palabras con hechos, “reduciendo la carga impositiva, garantizando la seguridad jurídica y favoreciendo un marco que permita invertir, innovar y prolongar la vida útil de las instalaciones con criterios técnicos, no políticos”.
El CEO de Endesa espera que el Gobierno dé una respuesta positiva sobre la extensión de Almaraz porque “más allá de los argumentos medioambientales, de reducción de emisiones de CO2 y argumentos económicos”, también los hay técnicos para no cerrar Almaraz en 2027 y 2028. Asimismo, respecto a las centrales nucleares catalanas (Ascó y Vandellós), ha expuesto que la región importa el 15% de su electricidad, que la nuclear representa el 60% de su producción eléctrica y que los parques naturales protegidos y la alta densidad de población “dificulta, ha dificultado y dificultará en el futuro el desarrollo de renovables” para sustituir la nuclear. Además, ha advertido que las empresas de centros de datos “preguntan qué van a hacer con las nucleares” para tomar una decisión sobre instalarse o no.
Bogas ha advertido que la regulación “se va a convertir en veneno para el crecimiento económico y la demanda española”, considerando que la propuesta de la CNMC para la retribución financiera de las redes y la metodología “no están a la altura de los objetivos”, pues la tasa del 6,58% es inferior a la de Europa, que “oscila entre el 7% y el 8%”. Y sobre las lecciones aprendidas del apagón, ha insistido en la necesidad de avanzar en una mayor capacidad síncrona, invertir en la red, invertir en tecnología de almacenamiento y de control reactiva y una mayor coordinación, lamentando que “no puede ser que REE vaya por un lado, CNMC por otro, el Ministerio por otro y las empresas por otro”, una situación que “se tiene que acabar” y todas las partes tienen que sentarse y “hablar”.