El apagón que vivió la Península Ibérica el 28 de abril de 2025 aún tiene relevancia informativa y más con la CNMC y Beatriz Corredor yendo a lo suyo. El regulador de la Competencia se afana en seguir protegiendo a la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), exministra socialista y amiga de Pedro Sánchez, y lo hace abriendo expedientes sancionadores a diestra y siniestra para extender la idea de que ‘todos son culpables’ y así, esconder y proteger al verdadero culpable (Corredor), que sigue pensando que lo hizo bien y encima, miente.
Ahora el regulador de la Competencia vive las últimas semanas de Cani Fernández como presidenta con más expedientes, incluso a las renovables, que han recibido dos, hasta el momento. Por un lado, lo ha vivido Mercuria Sostenible, una sociedad que tiene entre sus accionistas a Bruc, la empresa que fundó Juan Béjar. Y por otro, la receptora ha sido Sistema Eléctrico de Conexión Huénaja, cuyos socios son Iberdrola, Andasol (grupo participado por Cubico) y Al-Andalus Wind Power (controlado por Saeta Yield, que ahora es propiedad de la emiratí Masdar), según datos del Registro Mercantil a los que ha accedido Expansión. Se trata de los dos últimos expedientes que, hasta ahora, ha incoado la CNMC desde el pasado 16 de abril, y ya lleva un total de 66.
Entre ellos, hay uno abierto a Red Eléctrica por infracción muy grave... Sin embargo, Redeia ha presentado alegaciones, apuntando a un “conflicto de interés” en el regulador de la Competencia... y Corredor está segura de que “la CNMC lo va a archivar”, como afirmó en el VII Foro Internacional organizado por Expansión.
Eso sí, parece que la exministra no acaba de fiarse del todo de que no se produzca un nuevo apagón. Y es que Red Eléctrica ha propuesto invertir 607 millones de euros extra para aumentar la mitigación de oscilaciones y el control dinámico de tensión del sistema eléctrico, según informa Economía Digital. Así se recoge en el trámite de la tercera modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, que está ahora en audiencia pública, y la propuesta de la filial de Redeia se debe a que la concentración de energía fotovoltaia es superior a la planificada.