El apagón masivo que vivió la Península Ibérica el pasado 28 de abril sigue teniendo protagonismo: primero, porque aún no se conoce bien lo que sucedió, pese a varios informes y acusaciones; y segundo, por el Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico que Sara Aagesen quería sacar adelante en el último pleno del Congreso antes de las vacaciones veraniegas. Sin embargo, ha tenido un estrepitoso fracaso, porque no sólo recibirá los votos en contra de PP y Vox, sino también de algunos de los socios del Gobierno Sánchez (en concreto, de Junts, Podemos y BNG).

Se ha vuelto a cumplir el refrán español de no hay dos sin tres. Y es que Moncloa ya decidió no llevar a un pleno tan largo la ‘ley Bolaños’ ni la reducción de jornada que abandera Yolanda Díaz por no tener los apoyos necesarios para sacarlas adelante, y la votación del Real Decreto-ley ‘antiapagón’ supone un tercer fracaso.

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Antes de comparecer desde la tribuna de la Cámara Baja, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico decía que esperaba “responsabilidad”, tras haber tendido la mano a los grupos políticos. Es más, destacaba que “ni PP ni Podemos” se habían reunido con el Gobierno ni habían presentado medidas. Y una vez más, insistía en que el Real Decreto-ley ‘antiapagón’ reflejaba la apuesta por “la transición ecológica, la flexibilidad y la electrificación”.

Desde la tribuna, el diputado pepero Guillermo Mariscal ha señalado que “el sistema (eléctrico) no resistió porque faltaba generación síncrona (la que proporcionan nucleares, hidráulicas y renovables, con el gas como tecnología de respaldo). También les echaba en cara que “han convertido en frágil un sistema robusto” y que han optado por “cambiar el mix eléctrico después del apagón”. Una vez más, ha insistido en que “las centrales nucleares son seguras, operan de forma continua y dan estabilidad al sistema” y ha preguntado a Aagesen si “¿van a cerrar la central de Extremadura y funcionarán las de Cataluña? Asimismo, ha criticado que al funcionar el sistema en modo reforzado, han aumentado las compras de gas (incluido el ruso) y ha subido la factura de la luz un 30% para industrias y empresas, y un 10% para los clientes domésticos. Además, a principios de junio, el Gobierno ya aprobó una partida de 750 millones, a pesar de que “Sánchez dijo que el apagón lo iban a pagar las empresas privadas”. 

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Mariscal también ha reprochado a Aagesen su elaboración de la planificación de la red eléctrica y que Beatriz Corredor fue la “ejecutora”. Y las críticas no han quedado ahí, pues ha subrayado que el Gobierno ha estado más centrado “en récords y propaganda que en garantizar el suministro”. “No apoyaremos una política energética suicida”, ha apuntado. 

Por su parte, la diputada podemita Ione Belarra se ha movido en su salsa, al afirmar que el decreto lo “podría haber escrito Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola”. ¿Qué esperaban? Ya saben que en Podemos gusta demasiado criticar a las empresas privadas... y si por ellos fuera, nacionalizarían gran parte de ellas. 

Y Pedro Sánchez, desde Montevideo (Uruguay) no ha perdido la oportunidad de referir que “el Gobierno no ha sufrido un castigo parlamentario, lo han sufrido los españoles”. Ya saben que como decía Napoleón, la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana.