Sara Aagesen se está quedando sin excusas en su talibanismo verde y antinuclear. Y es que se acerca el consenso entre las cuatro propietarias de las nucleares en España (o sea, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) para pedir su prórroga y retrasar su cierre, según avanza El Periódico.
Decíamos que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insiste en cargarse la energía nuclear, yendo contra todo y contra todos, y hasta ha utilizado a Naturgy como excusa. Esto se debe a que respondió con mentiras a una carta que le remitieron Iberdrola y Endesa en relación a la central de Almaraz, la cual le sirvió para remarcar que cualquier decisión requiere de unanimidad de sus tres propietarios (Iberdrola, Endesa y Naturgy). Y en el entretanto, Fedea ha avisado que el cierre de la central extremeña elevará las emisiones y los costes en el suministro eléctrico.
Este miércoles, en el X Foro Energía de El Economista, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ha advertido que “sin nucleares vamos a tener un sistema mucho más inestable”, por tanto, es más difícil garantizar el suministro y evitar apagones. Asimismo, ha subrayado que los precios de la generación nuclear en España son mucho más baratos que en otros países, pues rondan los 70 euros por megavatio, frente a los 80 de Bélgica, los 90 de Alemania cuando aún no había cerrado sus centrales, los 100 de Reino Unido o los 120-150 de EEUU. ¿Le ha quedado claro a Aagesen, quien sólo destaca el mantra de lo baratas que son las renovables?
Ruiz-Tagle ha recordado que “hay una orden ministerial que impide pedir la prórroga”, pues impide que se pida la renovación de licencia al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por diez años, como se hace habitualmente,... y luego dicho organismo público hace un informe que debe recibir el visto bueno del Ministerio que lidera Aagesen. En concreto, se trata de la orden TED/773/2020, del 23 de julio de 2020 del Ministerio que entonces lideraba Teresa Ribera, que otorgó la renovación de la autorización de explotación de Almaraz y fijaba como “definitivo” el cese de la misma el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. Como en dicha orden se hablaba del “definitivo” cese, las propietarias (o sea, Iberdrola, Endesa y Naturgy) no pueden obtener una nueva prórroga... a no ser que se haga una modificación o se derogue esa orden.
En el mismo foro, Ruiz-Tagle ha sido más duro en el tema nuclear que José Bogas. Eso sí, el CEO de Endesa ha referido que las centrales nucleares españolas “están preparadas para alargar su vida y de mantener su cierre, España sería una excepción en la corriente mundial”. Y es que numerosos organismos e instituciones, y hasta el informe elaborado por Mario Draghi, insisten en “mantener las nucleares”, pues sirven para “garantizar la transición ecológica, la seguridad de suministro y la competitividad”.
Paralelamente, los trabajadores de la central de Almaraz han escrito una carta a Aagesen pidiendo una reunión urgente con su Ministerio. Esperemos que esta vez, la vicepresidenta tercera sea más cortés y responda, no como sucedió con la misiva que le envió la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ hace unos meses (la cual sigue sin contestación), después de que Aagesen, por tercera vez, rechazara tener una reunión con sus representantes (algo que no le importa hacer con otros colectivos).
El comité de empresa de la central de Almaraz ha subrayado que, si no se modifica el calendario de cierre, la decisión podría volverse irreversible en marzo de 2026, la fecha límite fijada para la toma de decisión definitiva por parte de sus propietarias. En la misiva que firma el ingeniero Borja Romero, presidente del citado comité de empresa, se alerta de que dicho cierre supondría un impacto devastador para los más de 4.000 empleos directos e indirectos que dependen de la central, así como para sus familias y para toda la comarca de Campo Arañuelo. Y es que la central de Almaraz es la principal fuente de empleo estable y de calidad de dicha comarca y de la región de Extremadura, así como un referente internacional en seguridad y buenas prácticas, con una inversión anual media de 50 millones de euros en su actualización y modernización.