Agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta desarrollada en varias provincias españolas, han liberado a 162 mujeres que eran víctimas de una organización criminal que, presuntamente, las explotaba sexualmente en inmuebles y locales que adquirían y convertían en prostíbulos. Han sido detenidas 37 personas. De ellas, 22 han sido arrestadas en las provincias de Valencia, cuatro en Málaga, otras cuatro en Murcia, cuatro más en Castellón y tres en Alicante. Nueve de estos 37 detenidos han ingresado en prisión provisional y se han realizado 39 registros en siete provincias diferentes, informa la Policía Nacional en nota de prensa.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en diferentes localidades españolas. A partir de esta información, las múltiples pesquisas realizadas por los investigadores permitieron determinar la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres asentada principalmente en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, aunque había comenzado a expandirse a otras provincias como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.
El entramado criminal se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano tanto en España como en sus propios países. En la mayoría de los casos, estas mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo, a las que obligaban a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española.
🚩Liberadas 162 mujeres explotadas sexualmente en varias provincias de🇪🇸
— Policía Nacional (@policia) July 22, 2025
🔹Hay 37 detenidos en #Valencia, #Málaga, #Murcia, #Castellón y #Alicante
🔹Las víctimas sólo podían salir 2 horas al día y debían estar siempre disponibles
🔹Con #GuardiaCivil y #AgenciaTributaria pic.twitter.com/TUZryMOYdJ
Para desarrollar esta actividad delictiva la organización adquiría o alquilaba inmuebles o locales directamente o bien mediante sociedades mercantiles establecidas al efecto, e intentaban dar una apariencia de legalidad camuflándolos como locales de masajes. Los inmuebles elegidos eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales, y contaba con miembros encargados de reformarlos y convertirlos en habitáculos donde ejercían las víctimas, que dormían hacinadas en literas o directamente en la misma cama donde atendían a los clientes. Estos lugares permanecían cerrados y presentaban en muchas ocasiones mala ventilación y condiciones de habitabilidad lamentables.
Las víctimas solo podían salir dos horas al día, siempre en horario de mañana, debiendo estar disponibles permanentemente. Los principales investigados controlaban en tiempo real los locales y a las víctimas a través de un sistema de video vigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles dedicados a la prostitución. El 50% de cada servicio era para la organización y la otra mitad para las mujeres, si bien estas podían ser multadas por distintos motivos.
Recordemos también el intento del Gobierno de Pedro Sánchez por tapar los escándalos sexuales acaecidos en el seno del PSOE -caso Tito Berni, caso Ábalos- mediante la promulgación de una ley contar la prostitución.
Por no hablar de las saunas sexuales del suegro del presidente del Gobierno...
Pero, al final, esta operación policial refleja la hipersexualización de la sociedad española.