A principios del mes de mayo, la directora de AnimaNaturalis en España, Aïda Gascón, se reunió con el diputado Juan López de Uralde, de Alianza Verde - Unidas Podemos, para exponerle la grave problemática que supone la fábrica de acuicultura de pulpos que Nova Pescanova quiere abrir en Las Palmas de Gran Canaria, y el resultado ha sido una pregunta escrita que pudo registrar antes de que terminara de forma abrupta la legislatura, con su correspondiente disolución de las Cortes, ante la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 23 de julio. 

Desde AnimaNaturalis -explica la organización- estamos trabajando para poner todas las barreras legislativas posibles al cultivo de cefalópodos. Y lo estamos haciendo de la mano del programa Raíces & Brotes del Instituto Jane Godall, Acción Océanos y Eurogroup for Animals. Un programa que según su página web consiste en que: "Junt@s, jóvenes de todas las edades llevan a cabo proyectos que fomentan el respeto y la empatía por todos los seres vivos -no olviden que hablamos de 'seres sintientes'- que promueven el entendimiento entre todas las culturas y creencias y que motivan a cada individuo a actuar para hacer del mundo un lugar mejor para tod@s".

Según la nota de prensa de AnimaNaturalis, los pulpos criados en cautiverio para su consumo están desprotegidos frente al sufrimiento y los métodos de sacrificio inhumanos, ya que actualmente no existen leyes en la UE ni en ningún lugar, que regulen su bienestar y cría. El pulpo se ha consumido tradicionalmente en el Mediterráneo y el sudeste asiático, pero la creciente demanda ha devastado las poblaciones silvestres. Ahora, la industria esté deseosa de criar pulpos en cautividad, aún sin contar con suficiente aprobación científica o legislación adecuada.

En definitiva, señala la organización, la cría de pulpo es incompatible con múltiples políticas de la UE, incluido el Acuerdo Verde Europeo, las Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE, la estrategia De la Granja a la Mesa y el Tratado de Funcionamiento de la UE.