"Debe primar el interés superior del menor", han señalado fuentes de la Delegación de Gobierno en Madrid después de que se conociera que el Ejecutivo central no tramitará los expedientes de 86 menas, descritos como conflictivos, por la Comunidad de Madrid.

"La Delegación del Gobierno en Madrid ha trasladado a la Comunidad de Madrid la decisión de no incoación de los expedientes solicitados en cumplimiento de lo previsto por la norma y en aras de preservar el interés superior del menor", han insistido desde la institución que lidera Francisco Martín.

A finales de 2025, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales informaba que había solicitado la repatriación, en ese momento, de 56 menores por tener "dificultades amplias y variadas" a la hora de integrarse.

Sin embargo, el Gobierno autonómico ha elevado ya a 86 la cifra de los expedientes de repatriación solicitados al Gobierno de menores, con "comportamientos muy graves, altos consumos y dificultades graves en la integración". “Su conflictividad en España, sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran o el consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad y graves riesgos para su presente y su futuro”, alerta Dávila en su misiva, toda vez que los técnicos de protección de menores “consideran que todos estos casos aconsejan la actuación inmediata de la Delegación para procurar su retorno con garantías”. Su “conflictividad” también “compromete la seguridad de sus compañeros, de los profesionales que les atienden y del conjunto de los ciudadanos”.

"En lugar de pedir la expulsión de menores, la Comunidad debería cumplir con sus responsabilidades de tutela. Es un tema importante en el que hay que anteponer siempre el interés del menor frente a la amenaza que supone el racismo del PP de Madrid", han defendido desde la Delegación de Gobierno.

Desde la Consejería que lidera Ana Dávila han detallado que lo que la Delegación les ha trasladado es que "no iba a iniciar el procedimiento de repatriación" porque no tenía los informes preceptivos de las embajadas y consulados de los países de origen de los menores, "que es lo que exige la normativa, y que tiene que pedir el Gobierno".

Asimismo, Dávila recuerda que el pasado mes de diciembre, el delegado afirmó por carta que “había solicitado los informes preceptivos a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras”, por lo que ha censurado que hasta ahora “no haya logrado recabarlos, reconociendo implícitamente su incompetencia y su dejación de funciones”.

Al hilo es esta cuestión, no podemos evitar, retroceder hasta esas intervenciones de Ayuso en las que, por ejemplo, recientemente, su Gobierno votó 'no' junto al PSOE y Más Madrid, contra la iniciativa de Vox que rechazaba la regularización masiva de inmigrantes ilegales, con el consiguiente 'efecto llamada' que puede atraer a España a perfiles cuyos antecedentes penales ni si quiera se conocen. 

O, cuando el Gobierno de Ayuso dijo 'no' -junto al PSOE y Más Madrid- a la propuesta de Vox para que se conozca el origen de los delincuentes en la región.

Relacionado

O, también, cuando la presidenta regional rechazaba el traslado de 400 menas a Pozuelo de Alarcón... pero, en el entretanto, los alojados en Hortaleza -centro que gestiona la CAM- causan múltiples incidentes en la piscina del barrio.

Relacionado