Decíamos en Hispanidad que en el último Consejo Europeo celebrado el 19 de junio, dos primeras ministras reprocharon a Sánchez su regularización masiva de inmigrantes, después de que este criticase los llamados "centros de deportación" o centros de retorno en terceros países que defienden varios gobiernos europeos. Así, por ejemplo, la primera ministra italiana Giorgia Meloni opinó que una regularización masiva puede actuar como un "efecto llamada" de la inmigración irregular, que luego otros países europeos terminan acogiendo. Mientras que la danesa Mette Frederiksen destacó que la regularización de inmigrantes en España choca con con el endurecimiento de la política migratoria que muchos Estados miembros quieren impulsar.
Pues bien, el Gobierno Sánchez insiste en que su política migratoria no implica un efecto llamada, ya que los datos reflejan que con la llegada de inmigrantes España se está beneficiando de un crecimiento socioeconómico.
De hecho, durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, el propio presidente ha apuntado que casi la mitad del crecimiento del PIB desde 2022 se explica por la llegada de personas migrantes. “Cuando España integra, España crece y progresa”, ha enfatizado. Y ello, ha dicho, sin renunciar al control de las fronteras, puesto que, en lo que va de año, las llegadas irregulares se han reducido un tercio respecto al mismo periodo de 2025, un 70% en Canarias.
Respecto a las llegadas irregulares a España, bien distinta es la aportación del Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), que constata el desplazamiento masivo de inmigrantes ilegales desde el Mediterráneo Central hacia España por el «efecto llamada» del Gobierno de Sánchez.
Según los datos de Frontex analizados, y que recoge La Gaceta, cinco nacionalidades subsaharianas occidentales (Malí, Senegal, Guinea, Gambia y Costa de Marfil) pasaron de representar apenas el 2,8% del flujo hacia España en 2019 al 61,1% en 2024. En el espacio de tres años estas nacionalidades, que históricamente se dirigían mayoritariamente hacia Italia, se convirtieron en la mayoría absoluta de las detecciones dirigidas a territorio español, concentrándose sobre todo en la ruta atlántica (Canarias).
Al mismo tiempo, el informe documenta la llegada incipiente pero creciente a la frontera peninsular de perfiles que hasta hace poco eran casi exclusivos del Mediterráneo Central. Somalia, por ejemplo, pasó de detecciones prácticamente nulas antes de 2023 a 1.711 en 2025, la gran mayoría en la ruta del Mediterráneo Occidental (península, Ceuta y Melilla). Sudán sigue una trayectoria similar, con centenares de detecciones anuales en la frontera peninsular desde 2021.
En este punto, el Gobierno insiste: la regularización es para residir y trabajar en España, no para desplazarse a otros países... Pero en Europa, no piensan lo mismo
Respecto a la llegada de inmigrantes, el presidente destaca que “Si existe algo que signifique ser español es precisamente eso: nuestra capacidad para acoger, integrar y avanzar juntos”. Así, ha afirmado que "Hayas nacido en Amurrio o en Dakar. No son condiciones para unos y privilegios para otros. Son las reglas de todos”... Y en Hispanidad le preguntamos ¿Y si la cultura del senegalés choca contra la del amurriano o cualquier otro ciudadano, en este caso, vasco?
Tranquilos, porque, como la política migratoria del gobierno Sánchez no se ha hecho de una manera improvisada, uno de los ejes principales del Plan de Integración y Ciudadanía incide en esta idea: la integración es un compromiso recíproco. El problema surge cuando en el caso de los migrantes, que según fuentes del Gobierno, hay que considerar que llegan con sus culturas, sus creencias y sus experiencias vitales, -a las que el migrante, según destaca el Ejecutivo, no tiene que renunciar-. Pero, pongamos que esas culturas o esas creencias no son compatibles con las del país que los acoge. Y utilicemos un ejemplo que ya hemos utilizado en más de una ocasión en Hispanidad: no es posible la paz entre cristianismo e islam. El cristianismo es infancia espiritual y, para el musulmán, llamar padre a Dios es una blasfemia. También porque el cristianismo es verdad y el Corán se queda en moral o en metafísica panteísta. Sólo vale el respeto y siempre que haya reciprocidad.
Y así llegamos a otro aspecto clave de la integración, el idioma. Según el Ejecutivo la mayoría de los inmigrantes en España son hispanohablantes, pero si volvemos al documento del Frontex del que hablábamos unas líneas más arriba, si se instaura que nacionalidades subsaharianas occidentales (Malí, Senegal, Guinea, Gambia y Costa de Marfil) pasen de representar apenas el 2,8% del flujo hacia España en 2019 al 61,1% en 2024, y esas personas no hablan español, ¿cómo abordará el Plan de Integración y Ciudadanía esa integración lingüística? Eso sin olvidar que ya tenemos lo nuestro a nivel interno, con la implantación de las lenguas cooficiales en regiones como Cataluña o País Vasco, a los propios hispanohablantes españoles.
Y mientras quedan muchos cabos por atar en cuanto a la integración recogida, pero no desarrollada con medidas concretas, en el proceso de regularización de inmigrantes, el Gobierno sigue sin ofrecer cifras concretas del número de regularizaciones, aunque, eso sí, explica que se sitúan en el escenario máximo que contemplaba el Ejecutivo, es decir, más de un millón.
En el aire queda también la posibilidad de que el Tribunal Supremo lleve el proceso la regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario. Algo que no preocupa al Gobierno Sánchez que está convencido de que dicho proceso encaja perfectamente en el ordenamiento jurídico europeo.