Día tras día publicamos casos de okupación y mostramos la caradura y la impunidad de los 'vulnerables' protegidos por el Gobierno, que carga a los ciudadanos con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda por su gran Ley de Vivienda. Es lo que llamamos 'el escudo social del Gobierno'.

Manoli, pensionista de 76 años, es la nueva incorporación. El pasado verano decidió alquilar por 430 euros su vivienda, así completaría su "muy justita" pensión de jubilación. Pronto el inquilino pasó a ser inquiokupa, incurriendo en imapagos constantes. 

El inquiokupa le ha amenazado que va a denunciarla por coacciones y acoso, actitud muy común entre los 'vulnerables' como vimos ayer con el okupa akosado.

Mientras espera a que la justicia eche al okupa, las deudas se siguen acumulando y Manoli no puede comprarse un audífono que necesita con urgencia. Ante la desesperación, "Contratamos una empresa de desokupación que mi hijo miró por internet", cuenta Manoli. Al contactar, una persona "muy amable" les atendió para explicar cómo efectuar el pago, pero todo ha terminado siendo una estafa, después de abonar los 3.000 euros, no se ha vuelto a saber nada.