• Al menos para servicios profesionales.
  • Además, se deberán declarar a la Agencia Tributaria los bienes en el extranjero, cuentas bancarias, títulos, valores inmuebles, etc.
  • Y encima, estas deudas tributarias no prescribirán nunca.
  • Soraya Sáenz de Santamaría: "En España se tiene que terminar el 'con IVA o sin IVA'".
  • Ya no se podrán aplazar los pagos ni fraccionarlos en las situaciones de concurso de acreedores. Se trata de evitar el alzamiento de bienes.

Soraya Sáenz de Santamaría (en la imagen) ha presentado este viernes, tras el Consejo de Ministros, el plan de lucha contra el fraude fiscal, cuyo principal objetivo es ampliar la base impositiva, es decir, el número de ciudadanos que tendrán que pagar y acabar con la tradicional cultura, demasiado extendida en España, desde el médico al fontanero del 'con IVA o sin IVA'. Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito ni entre dos particulares. Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción. ¿Y cómo se enterará Hacienda? Muy fácil. Perdonará la sanción a la parte que denuncie los hechos: se fomenta la delación. 

Por otra parte, todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero. Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito.

Además, se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50% sus operaciones a particulares y a los que obtengan más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales.

El Proyecto de Ley facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias.

Para la redacción de este proyecto, aprobado con carácter de urgencia, se han estudiado en profundidad "los nichos de fraude", según ha señalado la vicepresidenta, y aunque semejante medida parece chocar desde un punto de vista moral con las medidas de amnistía fiscal que permiten a los defraudadores librarse de las sanciones mediante el abono de tan sólo un 10%, son, en opinión del Gobierno, y así lo anuncia pomposamente en su página web "un complemento perfecto al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas, aprobado el 30 de marzo, por el que se pretende la afloración de ingresos procedentes de la economía sumergida y su incorporación a la economía regular antes del 30 de noviembre".

Por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Se incluyen todo tipo de títulos, activos y cuentas en entidades financieras, así como valores o seguros de vida. También afecta a bienes inmuebles.

Quien no informe sobre sus propiedades foráneas se verá obligado a hacer frente a un régimen sancionador que multa a razón de cinco mil euros cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de diez mil euros.

Entre estas actividades se encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera. Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que se acogen al sistema de módulos empresas que realizan trabajos importantísimos con una facturación muy elevada para terceros.

En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, la exclusión operará con ingresos superiores a 300.000 euros, tal y como sucede con las operaciones agrícolas o ganaderas.

El Proyecto de Ley incluye también una serie de medidas encaminadas a evitar que el contribuyente pueda eludir sus obligaciones fiscales retrasando los pagos o haciendo 'desaparecer' su patrimonio. Ya no se podrán aplazar los pagos ni fraccionarlos en las situaciones de concurso de acreedores.

Los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, que realizan autoliquidaciones recurrentes sin ingresos por determinados conceptos tendrán responsabilidad subsidiaria. Las llamadas empresas fantasmas creadas con ánimo defraudatorio para drenar ganancias de otras serán perseguidas.

Amén de todo esto, las sociedades inmobiliarias de los deudores tributarios no podrán vender activos hasta que paguen sus deudas: se pretende con ello acabar con situaciones de personas que no pueden ser embargadas porque sus únicos bienes son, como ha dicho la vicepresidenta "un simple ciclomotor, y tienen en cambio acciones de sociedades inmobiliarias, que podían ser embargadas pero mientras la sociedad seguía funcionando".

En las compras inmobiliarias no se podrá deducir el IVA soportado si no se acredita que ha sido ingresado el IVA repercutido.

Para la lucha contra el fraude fiscal el Gobierno reforzará sus medios humanos y técnicos, y recurrirá a la facultad de reposición de un 10% de funcionarios que comparte con Fuerzas de Seguridad del Estado, Educación y Sanidad.

Sara Olivo

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