Situación límite. El Supremo lleva a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por revelar secretos del novio de Ayuso

El 29 de julio, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos -que puede acerrear hasta 4 años de cárcel-, relacionado conAlberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como era de esperar, García Ortiz recurrió, pero ahora la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha respaldado la decisión del juez instructor Ángel Hurtado, y confirma que el fiscal general se sentará en el banquillo, quien no lo hará es la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuya causa ha sido archivada por la Sala. 

La decisión de Hurtado se basa en que ve indicios suficientes de presunto delito de revelación de secretos, y señala que, existe base suficiente para presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico con fecha de 2 de febrero de 2024. 

El juez instructor data el comienzo de todo este asunto con la publicación en El Mundo de una información en el que se aseguraba que la fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto para que admitiera dos delitos fiscales, tras el revuelo, y bajo indicaciones de Presidencia del Gobierno, el fiscal general inició "una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp", buscando "ganar el relato" y dejar claro que el Ministerio Público no había ofrecido ningún pacto.

Las reacciones del Gobierno llegan con cuentagotas, eso sí, ni una palabra de dimisión o cese. En el 2018, con el primer Gobierno de Sánchez, el mero hecho de ser investigado era motivo de renuncia. En el 2025, ¿qué tiene que pasar para que cese o dimita alguien?  

Quien sí ha vuelto a pedir el cese es Alberto Núñez Feijóo: "Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más".