No es una buena semana para el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. 

Si ayer, la Audiencia Provincial de Badajoz mandaba a su hermano David al banquillo por un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, hoy el juez Juan Carlos Peinado ha decidido transformar la pieza separada en la que investigaba el posible delito de malversación de caudales públicos cometido por su mujer Begoña Gómez en un procedimiento con jurado popular. 

Como el instructor aprecia "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" por parte de los investigados, lo que ha hecho ha sido transformar las diligencias para que, si finalmente Gómez tiene que sentarse en un banquillo, que este esté formado por un jurado popular, que sería quien dictase el veredicto, ya que el enjuiciamiento del delito de malversación es competencia del jurado. 

Como se recordará, el posible delito de malversación de caudales públicos consistió en presuntamente utilizar tiempo de su ayudante en Moncloa Cristina Álvarez para que realizase gestiones para sus negocios privados.

El pasado 11 de septiembre, Gómez reconoció ante el juez Peinado que Álvarez realizó para ella, de forma “excepcional”, alguna gestión de carácter privado, como “un favor”. Pero que esas tareas “no afectaron a las funciones que Álvarez tenía asignadas por parte de Presidencia del Gobierno”.

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El juez Peinado la ha citado -junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre (que era secretario general de Presidencia cuando se produjeron los hechos)- este próximo sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para la "comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado". En ese momento, las acusaciones podrán explayarse. 

Sobre esta última decisión del juez Peinado ya se han pronunciado algunos miembros del Ejecutivo sanchista. Por ejemplo, Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha dicho: "El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y seguro un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto". Mientras que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha apuntado: "Puede ir a la calle Ferraz para buscar el jurado popular".

Bromas aparte, el juez Peinado está harto de que cuestionen su trabajo. Y si la semana pasada presentó varias demandas de conciliación por injurias y calumnias contra periodistas -Antón Losada y Ernesto Ekaizer- y políticos -como Pablo Iglesias y el ministro de Transportes, Óscar Puente-, ahora está decidido a querellarse contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska por criticar la forma en que está llevando a cabo la instrucción del caso Begoña Gómez. 

Recordemos que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid investiga a la esposa del presidente también por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.  

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Pero, volviendo a la 'semana negra' de Pedro Sánchez, ayer, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente -que instruye el Caso Koldo- decidía desglosar en dos la investigación que sigue contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otras personas por diferentes delitos. Así, en la causa inicial, cuya instrucción destaca que está muy adelantada, se mantendrá lo relativo a las irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas entre otros asuntos, mientras que en la pieza separada que ahora abre se incluye todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas, que se encuentra en fase incipiente, recoge la nota de prensa del CGPJ. 

El auto explica que en esta pieza separada ostentarán la condición de investigados José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, Víctor de Aldama o Santos Cerdán, entre otros.  

Después de todo esto, ¿se tomará Pedro Sánchez otros cinco días de reflexión?

Por cierto, buen momento para recordar ese post del presidente, en septiembre de 2014:

¿Y a qué espera para echar, por ejemplo, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, del PSOE de Extremadura, que ha sido mandado a juicio oral por la Audiencia Provincial de Extremadura; o a su fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, al que el Tribunal Supremo ya ha mandado a juicio?