Hace cosa de un año Sumar y PSOE se unían para legalizar la blasfemia, dentro del paquete de medidas del plan de 'regeneración democrática' de Sánchez. Entre las medidas encontrábamos la de modificar el Código Penal para despenalizar, es decir, suprimir los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público, las ofensas a España y a sus símbolos, el delito de injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, y las injurias al Gobierno y a sus instituciones. Porque si algo une al Gobierno más progresista de la historia de España es su cristianofobia.
Pero el proyecto quedó paralizado en las enmiendas en el Congreso, hasta ahora...Con un Sánchez ahogado por los casos de corrupción, en una semana en la que declaran Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, Mercedes Gonzáles y en la que se espera que se conozco la sentencia de Ábalos y Koldo y de su hermano David Sánchez, los partidos del Gobierno dan la orden a Armengol, socialista de carnet, y ésta desempolva la ley para su tramitación. Ya saben, las encuestas no son nada favorables.
Los encargados de detallar los avances en la proposición de ley han sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo.
El trío calavera ha explicado que en el Código Penal sí se mantendrá el delito de enaltecimiento del terrorismo, que Sumar sí quería despenalizar en un inicio, en aras de "la libertad de expresión". Hablamos de los mismos partidos que aprobaron un código de comportamiento en el Congreso para penalizar a los periodistas que les resulten incómodos, porque ahí, la libertad de expresión, se ve que importa menos.
Así, Rallo ha anunciado que el PSOE propondrá de forma inmediata en la Mesa del Congreso (donde tiene mayoría con Sumar) el cierre del plazo de enmiendas a la totalidad a la proposición de ley y se procederá al debate de totalidad de esta iniciativa.
Ante esta decisión, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) vuelve a recordar al Gobierno que, según un Informe que analiza todos los códigos penales de la Unión Europea, 21 de los 27 Estados de la UE protegen los sentimientos religiosos. Además, pone en marcha una campaña de recogida de firmas, dirigida a los grupos parlamentarios, para frenarlo.
"El Gobierno de Sánchez se empeña en recortar el derecho fundamental a la libertad religiosa", ha denunciado María García, presidenta del OLRC, quien ha desmontado el principal argumento del Ejecutivo: "Mienten cuando dicen que el modelo español de protección penal de la libertad religiosa es muy superior al de los países de nuestro entorno". Razón no les falta, somos europeos para lo que le interesa a Sánchez.