Mañana jueves 26 de febrero se vota en el Congreso de los Diputados el nuevo Real Decreto-ley del escudo social, ese que Isabel Rodríguez explicó tan bien. Tras la primera gran derrota del Gobierno, los de Sánchez dieron un paso atrás y presentaron una nueva propuesta con un cambio significativo: los desahucios quedarían paralizados en los casos en los que el propietario tenga más de tres viviendas.
Con esta pequeña modificación, el Gobierno pretendía ganar el voto favorable de Junts, necesario para que salga adelante. Pero los de Puigdemont ya han confirmado que no apoyarán a Sánchez. La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha confirmado en la sesión de control de este miércoles que el Ejecutivo no contará con los siete votos de su grupo, por los que recuerden que Pedro tiene el culo roto. “Lo tenemos muy claro, pensiones sí, ocupaciones no”.
Esta era una de las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Ocupación que esperaba que PP, Vox, Junts y UPN votaran en contra: “Nos encontramos ante una situación que ha sobrepasado cualquier límite de la lógica legislativa: este decreto vuelve a renovarse por séptimo año consecutivo, una cifra que despoja a la medida de toda excepcionalidad y temporalidad” comenta el portavoz de la Plataforma, Ricardo Bravo.
Desde la Plataforma señalan que, más allá de la falta de respuesta a este problema, el Gobierno pretende seguir condenando a quienes llevan años sufriendo la inquiocupación: "El gobierno sigue eludiendo sus responsabilidades con las familias vulnerables".
La plataforma denuncia que la medida anunciada para excluir de estas suspensiones a los propietarios de 1 o 2 viviendas era un primer paso para la búsqueda de una solución a la desatención premeditada del Gobierno hacia las familias más vulnerables, independientemente de la situación del propietario. Si bien con la presentación de este texto el ejecutivo elude de nuevo su responsabilidad volviendo a derivar a terceros la obligación de disponer de recursos habitacionales.
De igual manera, el decreto supone un ataque frontal a la clase media al colocar a los propietarios de tan solo 3 viviendas al mismo nivel que los grandes tenedores o fondos de inversión.
Además, señalan que el decreto insiste en mantener un sistema de compensaciones que ha demostrado ser totalmente ineficaz e injusto. "El gobierno sigue sin construir vivienda pública ni gestiona de oficio el pago directo de los alquileres suspendidos. Por ello, exigimos que el Gobierno establezca un mecanismo ágil y con una partida presupuestaria específica para atender a todas las familias vulnerables que estén en un procedimiento de desahucio".
“No estamos ante un simple descuido administrativo, sino ante un abandono consciente; la protección social debe ser financiada por el Estado y no mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas de los particulares, quienes no tienen por qué ejercer de servicios sociales”.