Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos.
En relación a este caso hay una importante novedad y es que el juez Moreno ha citado el próximo 4 de marzo al empresario Víctor de Aldama, para que le entregue el famoso sobre que él asegura que le dio --el 4 de febrero de 2020-- la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (que entonces era vicepresidenta), y que contendría pruebas irrefutables de la presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista por medio de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
De hecho, Aldama ha llegado a declarar lo siguiente: "El sobre (que me entregó Delcy) es más que suficiente para que el Gobierno salga de donde está y el señor presidente y otras personas pasen por la cárcel".
Aldama: 'El sobre va a tumbar al Gobierno' #Horizonte pic.twitter.com/AxrzKTdh5o
— Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 5, 2026
Acerca del posible contenido de ese sobre, Vozpópuli informa hoy de que alberga pruebas de "cupos" del petróleo venezolano que habrían sido, presuntamente, entregados a dirigentes socialistas, extranjeros y españoles.
2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, lo investiga.
En relación a este caso también hay una importante novedad y es que la juez Collazos ha decidido inhibirse y pasárselo a la Audiencia Nacional, debido a la «nueva dimensión» que ha tomado tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal». Y es que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la instancia judicial competente para investigar casos que puedan provocar «grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia» es la Audiencia Nacional. Y también le corresponden delitos cometidos fuera de España «cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles», recuerda El Mundo.
También referido a este caso, The Objective informa hoy de que las hijas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba, ofrecían acceso a su padre --y a sus contactos-- a cambio de pagos mensuales de varios miles de euros.
3.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo -la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno.
En relación a este caso, y concretamente a la trama de las mascarillas -por la que tanto Ábalos como Koldo están a la espera de juicio en el Tribunal Supremo- las últimas informaciones apuntan a que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, habría participado en la trama, según revela un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según este último informa de la UCO, Pardo de Vera habría participado en las adjudicaciones de contratos de mascarillas -como de 12,5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL, vinculada a miembros de la trama-, habría intercambiado comunicaciones con el investigado Koldo García, habría borrado contenido de sus móviles de los días clave de la investigación (algunos de ellos con Koldo) y habría declarado falsamente al asegurar a la Guardia Civil que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas.
Hoy, en un comunicado, Pardo de Vera ha negado haber eliminado contenidos de su teléfono móvil. Además, tras conocer el informe de la UCO, el PP ha anunciado este viernes que la citará por tercera vez en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado.
Además, el PP también ha anunciado hoy que va a crear una nueva comisión de investigación en el Senado, esta dirigida a investigar los presuntos casos de corrupción que afectan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La primera en ser llamada a declarar será la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.