Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en este caso una operación encubierta y de cloacas para acabar profesionalmente con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas del entorno de Pedro Sánchez, al PSOE o al Gobierno. Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha comparecido hoy en la 'comisión Koldo' del Senado para explicar su relación con la fontanera del PSOE, Leire Díez.
Narbona ha respondido a la pregunta de por qué el PSOE no se ha querellado todavía contra Leire Díez: "Entendemos que todavía no conocemos todos los hechos que pueden estar siendo objeto de investigación. Por tanto, es una decisión que tomaremos en su momento a la vista de la evolución de la causa". Sí ha reconocido "conversaciones de carácter profesional" con la fontanera cuando esta era responsable de prensa del PSOE cántabro. "No podría decir que es una relación de amistad, pero sí de conocer hasta donde yo pensaba que la conocía".
Acerca de los mensajes intervenidos por la UCO entre ella misma y Leire Díez, ha contado que envió a Díez a Santos Cerdán, que por aquel entonces era secretario de Organización del PSOE. Y que luego le pregunto a Cerdán "si había traído información de interés y me dijo que no". "No le dije nunca nada al presidente". "Estoy preocupada por el contenido de los informes de la UCO, pero hasta que esta investigación no termine mantendré la presunción de inocencia (de Santos Cerdán)".
Y respecto a si el PSOE tomará alguna medida disciplinaria contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también echa balones fuera: "Es un tema que está siendo investigado, todo tiene su momento y nada es eterno en esta vida, seguramente habrá información para responder a lo que me dice”.
Sobre Zapatero, la presidenta del PSOE ha añadido: "Cada caso es diferente, hablamos de alguien que merece un enorme respeto y esa presunción de inocencia vale para todos, pero hay que tener en cuenta de quién estamos hablando".
2.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Y también Víctor de Aldama.
En relación a este caso, tras la sentencia del ‘caso mascarillas’, el Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Víctor de Aldama: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales. No obstante, el juez Santiago Pedraz mantiene vigentes sobre él las del caso Hidrocarburos: prohibición de salir del país sin autorización judicial y comparecencias semanales.
Por su parte, ABC publica hoy que Aldama ha respondido a la demanda del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños (que le denunció por haber sugerido que le intentó sobornar por medio de personas de su entorno) insistiendo en que emisarios de Bolaños y Cerdán quisieron «comprar su silencio» a cambio de «una cantidad de dinero».
Y también respecto a este caso, ha trascendido que la UCO de la Guardia Civil prepara un segundo informe relacionado con la rama canaria del caso Koldo que podría implicar al ministro Ángel Víctor Torres.
3.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en el marco de este caso, ayer declaró en la Audiencia Nacional uno de los imputados, el testaferro del expresidente Zapatero, Julio Martínez Martínez (Julito), quien ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra, aunque desconoce con quién del Gobierno habló para ello. Insistió en que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. Confirmó que el expresidente se llevó una comisión del 1% (unos 530.000 euros del total de 53 millones), una mordida camuflada en varias empresas. Y contó que las hijas de Zapatero cobraron mucho tiempo sin trabajar.
Hoy ha trascendido que Zapatero intentó que su presunto testaferro Julio Martínez Martínez (Julito) contratase como su abogado a Francisco Caamaño, hombre de la máxima confianza del expresidente del Gobierno.
También en relación a este caso, The Objetive informa de que la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) validó el rescate de Plus Ultra poco después de certificar gratis el de Air Europa.
Este mismo medio informa hoy de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha reprendido al despacho de abogados de Baltasar Garzón, Ilocad SL, por entregar presunta información falsa (documentos manipulados) acerca de su cliente, la petrolera PDVSA, la cual se ha querellado contra exdirectivos de la compañía.