Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió ayer Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”.
Al término de su declaración --en la que solo contestó al magistrado y a su abogado, pero no al fiscal ni a las acusaciones, lo cual es un gesto muy feo en alguien que siempre ha presumido de transparencia y buen talante--, el juez Calama no le retiró el pasaporte pero en un auto señaló que la declaración del expresidente del Gobierno "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" contra él. De hecho, de las joyas ni se dignó a hablar, lo que resulta altamente sospechoso.
Al término de esta mañana se conocía la decisión del juez Calama de llamar a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar.
El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".
“La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad”, explica el juez en su resolución.
Calama hace caso así a la Fiscalía Anticorrupción, quien le había pedido el pasado martes que tomase declaración a las tres.
De la declaración de ayer del expresidente en la Audiencia Nacional, ha trascendido que sus respuestas fueron "inconsistentes", ya que su estrategia consistió en negar y en no recordar y dio pocas explicaciones. Negó también haber hecho negocios en Venezuela, ni de petróleo ni de nada. Y explicó que a China ha ido muchas veces pero "a dar conferencias".
Sin embargo, el juez dice en su auto que las fuentes de prueba que apuntan a la comisión de delitos son "diversas y distintas", entre ellas, el volcado del móvil del venezolano Rodolfo Reyes (accionista de plus Ultra) y que su defensa trata de desactivar como prueba por cuestiones procesales. Pero hay más fuentes de prueba: el material de los dispositivos hallados por la UDEF, transferencias entre sus cuentas relacionadas con el rescate de Plus Ultra o el uso de "múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos". Y por supuesto, las joyas de su despacho, que valen 1.300.000 euros, y de las que no "se ha acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera".
"En definitiva, las evidencias analizadas −conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros−, permiten sostener que José Luis Rodríguez Zapatero ejerce un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo él mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa", señaló en su auto el juez Calama.
Es más, hubo un momento en que el juez Calama le espetó a Zapatero: "No lo digo por usted, pero hemos visto muchos casos de personas con grandes fortunas en el extranjero que nunca las tienen a su nombre sino con un entramado de empresas interpuestas", recoge El Español de fuentes.
2.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Cabe recordar que el juez Peinado había citado a Begoña Gómez, a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 9 de junio, para una audiencia previa al juicio con jurado popular, advirtiendo que si los tres acusados no acuden a esa cita para "tratar de eludir la acción de la justicia", podrán "ser conducidos por la fuerza pública". Pero luego el juez accedió a retrasar la comparecencia a ayer lunes 15 de junio, que fue cuando finalmente se produjo durante tres horas.
En relación a este caso, seguimos a la espera de la decisión del juez Peinado sobre qué medidas cautelares adopta para los tres encausados. Las acusaciones populares pidieron la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas en el juzgado, medidas a las que se han opuesto Fiscalía y defensas. Además, ahora el magistrado deberá decidir si finalmente abre juicio oral contra ellos ante un jurado popular.
Por otra parte, quedan recursos de las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid pendientes de resolver por ésta. Por ejemplo, el recurso de la defensa de Gómez contra el juicio con jurado popular. Además, hubo otro recurso de las defensas contra la convocatoria de la llamada “audiencia preliminar” (o “vistilla”) previa a la apertura de juicio oral. Y otro contra la denegación de diligencias de investigación solicitadas por las defensas.
3-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo investiga la derivada de las mascarillas (una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico), donde están siendo juzgados el empresario y comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y su antiguo jefe José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Esta causa la asumió el Supremo porque Ábalos era aforado como diputado cuando arrancó la investigación. Como recogió Hispanidad, ya se desarrolló la etapa del juicio oral.
En este caso, también seguimos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo que ha trascendido, parece que hay unanimidad en las condenas a Ábalos y a Koldo: al exministro podrían caerle entre 10 y 14 años de prisión, de los que cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Anticorrupción. Mientras que para Koldo García, se baraja entre 8 y 11 años, de los que cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública. En el caso de Víctor de Aldama, el tribunal todavía no ha conseguido la unanimidad en el fallo que busca el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta.