Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela:
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunió en el año 2025 hasta seis veces con José Luis Rodríguez Zapatero, mientras se desarrollaba la investigación judicial a la aerolínea Plus Ultra. Dos de esas seis reuniones se realizaron, además, por antes de que el juez José Luis Calama ordenase la detención de ejecutivos de la empresa, el pasado mes de diciembre.
El mismo juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a la UDEF de la Policía nacional que le informe detalladamente sobre los cambios accionariales en la aerolínea, desde su constitución hasta la fecha actual, pero principalmente desde el año 2017, cuando entraron accionistas venezolanos. La intención del juez es examinar el "eventual impacto" de esa circunstancia "en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública" el 1 de septiembre de 2021. El magistrado ha hecho caso a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para "valorar la incidencia" que tuvo "el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española".
Cabe recordar que Plus Ultra fue rescatada con 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Pero según los requisitos de la FASEE para beneficiarse de las ayudas públicas, la compañía rescatada debía tener su domicilio social y sus principales centros de trabajo en España.
-Resumen del Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el CEO, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.
2.-Caso Begoña Gómez:
El pasado 19 de junio, el juez Juan Carlos Peinado abrió una pieza separada, después de recibir documentación que le envió la Fiscalía Europea, para investigar si se produjeron presuntos delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la UE, por supuestas irregularidades en contratos públicos recibidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña Gómez y apoyado por ella en sus cartas de recomendación para hacerse con esos contratos.
En concreto, un informe de la UCO de la Guardia Civil localizó posibles irregularidades administrativas en dos contratos adjudicados por la empresa pública Red.es y financiados con 4 millones de euros de fondos europeos, a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés.
El ente judicial que estaba investigando las adjudicaciones con fondos de la UE era la Fiscalía Europea, la cual envió las pesquisas a Peinado después de que la Audiencia Nacional estimase un recurso y decidiese el envío del procedimiento al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Como recogió ayer Hispanidad, la Fiscalía Europea tiene interés en investigar una tercera adjudicación a Barrabés, por importe de 4 millones de euros, realizada por la empresa pública Red.es, al entender que tiene competencia sobre este tercer contrato -no especificado en la información que se ha publicado sobre ello-. Se supone que la Fiscalía Europea entiende que esta tercera adjudicación a Barrabés habría afectado a los fondos europeos y que por eso es de su competencia.
Y la novedad estriba en que el juez Peinado ha decidido devolver a la Fiscalía europea la citada investigación sobre el contrato de 4 millones de euros y ha cerrado la pieza separada que abrió sobre las adjudicaciones a Barrabés y su posible afectación a los fondos europeos.
Lo cual podría interpretarse como que el juez Peinado, después de que la Audiencia provincial de Madrid le diese la razón y ordenase un juicio con jurado popular para Begoña Gómez, ahora quiera centrarse en el caso Begoña.
-Resumen del Caso Begoña Gómez: la mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio confirmó los citados delitos y anuló los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida). El juez Peinado también acusa al empresario Juan Carlos Barrabés de delitos de Tráfico de influencias y corrupción en los negocios y le propone para ser juzgado por un jurado popular, al igual que a la ayudante de Gómez, Cristina Álvarez, a quien acusa de los mismos delitos que a ella, es decir, tráfico de influencias y malversación. Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado pidió a las partes -a la acusación popular liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)- que presentasen sus nuevas peticiones de cara al juicio con jurado popular. Hazte Oír ha pedido 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Por su parte, la Fiscalía en este caso sigue pidiendo la absolución tanto de Gómez como de Álvarez. Mientras que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha entregado al juez un nuevo escrito en el que pide a la esposa de Pedro Sánchez y a su asistente en Presidencia del Gobierno el pago de 113.509,32 euros, en concepto de responsabilidad civil.
Por cierto que al marido de Begoña, Pedro Sánchez, le ha venido muy bien la invasión de Ceuta para que se deje de hablar, al menos durante un tiempo, de los líos judiciales que afectan a su entorno...