Como viene recogiendo Hispanidad, el Gobierno vasco, compuesto por PNV y PSOE, está aplicando el régimen penitenciario de semilibertad (el tercer grado) a un montón de etarras, utilizando torticeramente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. 

La consejera de Justicia que se está encargando de traicionar a las víctimas del terrorismo es María Jesús San José López, del PSOE-PSE. 

Hasta este momento, el Gobierno vasco ha concedido ya 122 las progresiones al tercer grado y 25 las flexibilizaciones de grado a etarras. 

Las dos últimas han sido las de Alberto López de la Calle 'Mobutu', y Juan Ramón Carasatorre, asesino de Gregorio Ordóñez. 

Y eso que, en el caso del etarra Carasatorre, la Audiencia Nacional había revocado la concesión del régimen de semilibertad al subrayar el carácter “extraordinario y excepcional” del artículo 100.2 y la importancia de ser “particularmente rigurosos” con las exigencias para aplicarlo, sobre todo a condenados por “delitos de especial gravedad”, como es el terrorismo. Los tres magistrados de la Audiencia Nacional --de la Sección Primera de la Sala Penal--, en un auto, reprocharon al Gobierno vasco de coalición de PNV y PSE por no documentar “debidamente” su semilibertad y le recomienda que, “en futuras revisiones”, elaboren su propuesta “debidamente estructurada y documentada conforme a las exigencias del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario”. 

Y a este 'defecto de forma' se ha acogido el Gobierno vasco para volver a concederles el tercer grado.

La AVT ha denunciado que "las cárceles siguen vaciándose y las víctimas vuelven a sufrir las consecuencias de la impunidad":

Pero, insistimos, todo esto es por culpa del pacto entre Pedro Sánchez y EH Bildu -coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista- para beneficiarse mutuamente: Sánchez, para ser investido presidente con los votos de EH Bildu; y el partido heredero de Batasuna, para sacar poco a poco a todos sus etarras de la cárcel. Pacto al que Sánchez llegó después de haber asegurado a los españoles: "Con Bildu no vamos a pactar".