Decíamos en Hispanidad que miles de familias viven pendientes de lo que ocurra mañana martes en el Congreso y del Decreto Ómnibus, que puede alargar un año más el sufrimiento de los propietarios con sus okupas e inquiokupas.
En definitiva, está por ver si los ciudadanos siguen siendo el escudo social del Gobierno. Mientras, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que los okupas no tendrán acceso a viviendas protegidas, cualquiera que esté condenado por delitos relacionados con la okupación como los delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda, quedará fuera del concurso.
Así, se incluirá en el nuevo Reglamento de Vivienda de la región: las personas condenadas por ocupación no podrán acceder a un inmueble protegido en la región durante cinco años y se exigirá un empadronamiento de 10 años para acceder a vivienda protegida.
Los criminales ocupas no tendrán acceso a la vivienda protegida en la Comunidad de Madridpic.twitter.com/CyE3VW69LE
— Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) January 26, 2026
Modelo que contrasta con Sánchez, que usa a la Sareb para ofrecer alquileres sociales a los okupas que okupan las propias viviendas del banco.