Como se sabe, el miércoles, el juez del Caso Dina, Manuel García-Castellón, pidió al Tribunal Supremo que se investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación, denuncia falsa o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.
Pues bien: Iglesias ya ha empezado a presionar a los jueces. Y esta mañana de jueves, en una entrevista en RAC 1 recogida por RTVE, consideraba "inconcebible" la "mera hipótesis" de que pueda ser imputado en el caso Dina. Ha añadido que representaría "una vulneración de derechos" y que en este país no han imputado a nadie "por sus ideas".
Sin embargo, en su escrito, el juez García-Castellón no denuncia las ‘ideas’ sino ‘hechos’, supuestamente constitutivos de delito. Por ejemplo, que Pablo Iglesias "se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria", que cuando la devolvió estaba "inservible" para su funcionamiento y que disimuló "falsariamente" una conexión entre las imágenes publicadas y OK Diario y la desaparición de la tarjeta, con lo que su denuncia y personación en la causa tenía una finalidad política, recuerda RTVE.
Al menos, a Iglesias le apoya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer, en una conversación informal con los periodistas, aseguraba que no se encuentra preocupado por la decisión del juez García-Castellón.
Eso sí: al tiempo que, de cara a la galería Sánchez se apoya en Podemos, a la vez el presidente español tiene un ojo mirando a Bruselas, pues en la UE desconfían de un comunista sentado en el Ejecutivo español, no vaya a ser que Bruselas exija a Sánchez que tome medidas respecto a su vicepresidente segundo…
Quien no ha defendido a Iglesias ha sido la vicepresidenta de asuntos económicos, Nadia Calviño, que ha pasado de puntillas sobre el asunto: "No voy a especular sobre este tipo de cuestiones sobre las que no tengo detalles".