La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha vuelto a pedir un marco retributivo acorde al valor estratégico de las infraestructuras gasistas, así como el avance en los gases renovables, en una rueda de prensa que se ha celebrado en vísperas de su 52ª Reunión Anual. Y es que dichas infraestructuras han vuelto a constatar su papel clave ante la nueva crisis energética que ha surgido con el estallido del conflicto en Oriente Medio, “la segunda en menos de cinco años”, ha subrayado Joan Batalla, presidente de Sedigas, aunque insistiendo en que la situación actual es muy distinta a la que se vivió en 2022 con el estallido de la guerra de Ucrania, porque se han ido tomando medidas.
“En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, la seguridad de suministro ha vuelto a situarse en el centro del debate. España cuenta con unas infraestructuras robustas y plenamente disponibles, que han demostrado su capacidad para operar con solvencia incluso en situaciones críticas”, ha señalado Batalla. Estas no sólo garantizan la seguridad de suministro, sino que “serán determinantes para avanzar en la descarbonización, mediante la integración de gases renovables como el biometano y el hidrógeno renovable”, ha añadido, recalcando que ahora estos también se ven como una opción de soberanía y autonomía estratégica.
Por ello, “la revisión del marco retributivo para el periodo 2027-2032 debe garantizar la estabilidad, suficiencia y equilibrio para el conjunto de las actividades reguladas, preservando la calidad del servicio y facilitando las inversiones necesarias para afrontar los retos asociados a la transición energética, la digitalización y la ciberseguridad”, ha explicado Batalla. Y más si se tiene en cuenta que el marco retributivo 2021-2026 ha mermado sus ingresos en más de 2.000 millones de euros, en un contexto inflacionario (en el que el IPC acumula una subida del 23% y el Índice de Precios Industriales -IPRI- del 40%), con caída en los peajes y con aumento de los costes operativos. Recuerden que hace unas semanas Sedigas ya pidió ajustes en la metodología propuesta por la CNMC para la retribución de las actividades reguladas que garanticen la suficiencia retributiva y también considera que se debe actualizar el cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) porque ya no son precios competitivos. Además, ha solicitado que se afronte otro tema pendiente: el de los contadores digitales, que ya existen en los sectores del agua y de la luz.
Respecto al conflicto en Oriente Medio, Batalla ha referido que España no tiene una exposición directa al gas de la zona del estrecho de Ormuz, que le aportó menos del 2% en 2025 y nada en lo que va de 2026. Sin embargo, nuestro país no ha sido ajeno a la consecuencia de la elevada volatilidad en el precio, que ha pasado de los 25-30 euros por megavatio hora (MWh) de 2025 a los actuales 45-50 euros/MWh, y se negocia en unos 35 euros/MWh para al segundo trimestre de 2027. La guerra de Irán ha provocado que 18 bcm de gas no llegaran al mercado mundial, pero este ha sido capaz de balancear con: 12 bcm de nueva capacidad de licuefacción en EEUU, Canadá y África; 3 de plantas ya existentes de Mozambique y Angola; 2,5 de aumento del gas que Rusia envía a Asia y del que Argelia manda a Europa; y 3,5 de retorno al carbón en países consumidores de gas. Dentro del viejo continente, hay países que se han visto algo más afectados por su exposición a Catar, pero España está en una posición privilegiada porque su nivel de llenado de los almacenamientos subterráneos es muy superior al de la media europea (67,47% frente a un 36,67%) y representa un tercio de la capacidad europea en tanques de almacenamiento de gas natural licuado (GNL).
Nuestro país tiene un gran papel que jugar en los gases renovables, dentro de “la apuesta por la descarbonización, la soberanía energética y la competitividad”, ha afirmado Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general de Sedigas. En especial en biometano, que contribuye a la gestión de residuos en España (uno de los países con más multas por su mala gestión), donde tiene un elevado potencial (puede sustituir el 50% del gas natural) y por tanto, una oportunidad de país, pero va a paso muy lento: entre 2022 y 2025 ha pasado de una inyección en la red del 0,05% al 0,13% y la cifra de plantas ha crecido de 12 a 24, pero sigue muy lejos de Francia (835). “La senda es buena, pero hay que acelerar”, ha señalado Ortiz de Mendíbil, pues hoy hay 277 proyectos en tramitación, un proceso que tarda entre dos años y medio y tres años, y confía en que el nuevo sello de excelencia en el que se está trabajando desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ayude a reducir el rechazo social, pero todos los permisos dependen de las comunidades autónomas y se pide cierta homogenización. Eso sí, la construcción de una planta de biometano sólo dura seis meses. Y en hidrógeno verde hay algunos avances, pero gran parte se debe a proyectos que tienen financiación europea, como el hidroducto H2Med por el que tanto apuesta Enagás, pese a que será antes rentables si dicho hidrógeno renovable se produce justo al lado de donde se va a consumir que si se transporta.
Otro de los retos que afronta el sector gasista es una gran agenda normativa y regulatoria en Europa. Asimismo, no se puede perder de vista la contribución de los ciclos combinados de gas al sistema eléctrico, aportando en torno a los 100 teravatios hora (TWh) en 2025, un 34% más que el año anterior, sobre todo, tras el apagón del 28 de abril de 2025 y el modo de operación reforzada que se ha puesto en marcha. Por ahora, Sedigas prevé que este año la demanda para generación eléctrica no va a tener un incremento tan relevante como el de 2025.